Nacional - Seguridad y Justicia
Activistas amenazados y desprotegidos en guerra antinarco México
Julián Cardona / Reuters
CIUDAD JUAREZ, México- Activistas de derechos humanos están siendo asesinados en Ciudad Juárez, el peor foco de violencia de la guerra contra el narcotráfico en México, en una campaña de terror en la que organizaciones internacionales acusan al Gobierno de negligencia.
En esta ciudad, fronteriza con Estados Unidos, sicarios han abierto fuego contra las casas de los activistas, asesinado a casi una familia entera e incluso atacado niños, provocando un éxodo de personas que denuncian la imparable violencia a lo largo de la frontera entre ambos países.
"Es una situación de emergencia", dijo la activista Emilia González, que ha estado documentado abusos en la zona. "Hay muchas, algunas mujeres, activistas que realmente su vida está en serio peligro", agregó.
Ciudad Juárez se ha convertido en una mancha negra en medio de la ola de violencia que afecta al país, con cerca de 8,000 asesinatos en la ciudad y sus alrededores en los últimos tres años.
Visto como uno de los lugares más violentos del mundo y el reino de la impunidad, es escenario constante de las luchas de dos cárteles principalmente por controlar la principal ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, pero también donde ocurren sin cesar secuestros y extorsiones.
Al menos ocho activistas destacados del estado de Chihuahua, donde se ubica la ciudad, han sido asesinados desde el 2008, cuando comenzó a escalar la violencia en la zona.
Las acciones de intimidación se intensificaron el mes pasado, cuando se incrementaron los ataques contra la activista Marisela Reyes y su familia desde que comenzó una campaña para exigir justicia para las víctimas de la violencia y señalaba las fallas del sistema.
Los Reyes sufrieron un brutal ataque el mes pasado. Los cadáveres de tres miembros de la familia que habían desaparecido fueron arrojados en un camino en las afueras de la ciudad el 15 de febrero, mientras Marisela realizaba una huelga de hambre afuera del Senado, en la Ciudad de México, para reclamar justicia. Poco antes, su casa fue quemada.
El año pasado Josefina Reyes, hermana de Marisela, fue asesinada junto con un hermano luego de denunciar abusos del Ejército, del que miles de efectivos fueron enviados a combates contra los cárteles de la droga en una estrategia que comenzó en el 2006, apenas asumió el presidente Felipe Calderón.
El hijo de Josefina había sido asesinado en el 2008.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado los ataques contra la familia y presionando a Calderón, que el jueves tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde el tema de la seguridad fue central.
"¿Cuántos más tienen que ser amenazados, secuestrados o asesinados antes de que el Gobierno tome los pasos necesarios para mantenerlos seguros?", se preguntó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América.
SILENCIADOS
Los ataques podrían detener la entrega de 1,300 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos a México para el combate a los cárteles y entrenamiento para sus fuerzas de seguridad.
Los fondos, que ya están retrasados por la burocracia, también han sido condicionados por legisladores estadounidenses a que México respete los derechos humanos en la batalla contra las bandas del narcotráfico.
Sólo unos cuantos activistas cuentan con protección. La fiscalía del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez dijo que provee guardaespaldas sólo a cuatro o cinco mujeres activistas.
Calderón se ha comprometido varias veces a terminar con la violencia en Ciudad Juárez, pero hasta ahora las autoridades parecen ser incapaces de proteger a los activistas.
Eso ha provocado que existan acusaciones contra el Ejército, la policía y las autoridades locales, estatales y federales -que luchan para contener la violencia en la ciudad- de pasar por alto los ataques.
El Ejército niega actuar mal y asegura que está protegiendo a los ciudadanos. Portavoces del Ejército declinaron hacer comentarios sobre las acusaciones.
"Yo creo que el Gobierno es directamente responsable porque les hemos dado mucho problema. Mi hija Josefina siempre estaba denunciando a los soldados, a los policías federales", dijo Sara Salazar, quien teme por su vida.
El Gobierno federal niega definitivamente cualquier responsabilidad, y destaca su multimillonario plan de inversión lanzado el año pasado en Ciudad Juárez, que busca revivir la región.
El área de Ciudad Juárez-El Paso, Texas, tiene un intercambio comercial por unos 50,000 millones de dólares anuales.
Bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Ciudad Juárez fue vista alguna vez como punta de lanza para la modernización del país.
Pero muchas fábricas están congelando sus inversiones, o buscando mudar sus operaciones a El Paso, mientras que restaurantes, hoteles y otros negocios pequeños han sido devastados por la violencia.
"El gobierno de México está criminalizando a los defensores de derechos humanos (...) Hay diferentes mensajes, hay diferentes amenazas veladas", dijo la activista González.
KC
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