YouTube justificó este lunes haber eliminado la grabación de la conferencia de prensa del 22 de febrero del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, citando políticas sobre acoso y bullying luego de que el mandatario acusó el domingo a la plataforma por censurarlo.
En actitud retadora, señaló que estaba dispuesto a difundir nuevamente el teléfono de un periodista, si se daba el caso, aunque eso pudiera ir contra una normativa local de protección de datos. Justificó que “se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”.
“Necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos, supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público, por eso es la actitud de este organismo (Cofece)”, zanjó.
Morena y sus socios aprobaron el sábado de madrugada una veintena de leyes fuera del edificio del Senado, que estaba bloqueado por la oposición. Votaron en una sede alternativa casi a escondidas, lejos de parlamentarios opositores y sin que hubiera ninguna discusión.
Ya se ha convertido en parte de la agenda habitual de la actualidad política. Es rara la semana que no se anuncia la impugnación a la Suprema Corte de alguna de las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Los dos años y medio de sexenio se han traducido en una actividad frenética en el parlamento.
Con las recientes cancelaciones de las cuentas de Donald Trump de fondo y las elecciones intermedias de junio en el horizonte, México ha decidido dar un paso adelante en el tenso equilibro entre las grandes tecnológicas y la capacidad de los Estados para regular los ángulos ciegos de internet.
Por su parte, la organización Article 19 ha asegurado que estas instituciones son “contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales” y que su eliminación podría impedir el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
México perdonó 274,000 millones de pesos en impuestos, unos 13,000 millones de dólares, en nueve años. Entre 2007 y 2015, los Gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) condonaron deudas a empresas y entidades públicas, así como a personalidades de la política y de la cultura.
