Los efectos del varapalo económico comienzan a golpear a la población palestina más vulnerable, y en particular a la de la franja de Gaza, donde un 65% de sus dos millones de habitantes están registrados como refugiados.
El 7 de agosto el gobierno de Estados Unidos volverá a aplicar sanciones a Irán por su programa nuclear. Estas medidas habían sido suspendidas tras el acuerdo alcanzado en julio de 2015. Suspendidas, no terminadas, como medida cautelar por si Teherán no cumplía su parte del acuerdo.
Militar de carrera, Abdelfatah al Sisi, elegido presidente en 2014 tras encabezar en julio de 2013 un golpe de Estado que derrocó al islamista Muhamed Mursi, ha impuesto el silencio de toda voz crítica y un discurso maniqueo en el que se presenta como el único garante de la supervivencia de Egipto.
La reconciliación entre Hamás y Al Fatah, anunciada en octubre como un nuevo episodio de la historia palestina tras una década de división, permanece estancada, sin horizonte y con los protagonistas en una batalla de acusaciones sobre quién es el responsable del posible colapso.
Cuando se simplifica en exceso, el resultado puede ser catastrófico. A veces se ve como un juego de gigantes contra enanos, pero lo cierto es que las grandes potencias no lo pueden todo y que toda acción tiene un coste, a veces un coste de oportunidad.
Aquella decisión llevó al Gobierno a cerrar en bloque Telegram e Instagram -una red social permitida, a diferencia de Facebook o Twitter- alegando querer "mantener la paz". Teherán dio muestras de empezar a levantar el veto ayer, cuando Instagram volvió a funcionar.
La veintena de muertos y los centenares de detenidos sitúan las protestas en una magnitud no vista desde 2009, cuando la elección fraudulenta de Mahmud Ahmadineyad desencadenó una ola de protestas que fue sofocada sin contemplaciones por el régimen.
