Los cinco familiares de Lacán Bercian salieron en agosto de 2010 con rumbo a Estados Unidos en busca de una mejor vida y ayudar económicamente a la familia que quedaba en Guatemala, pero fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Los féretros enviados están enterrados en su comunidad natal.
Al cumplirse un mes del incendio que mató a 40 migrantes en un centro del Gobierno mexicano en la fronteriza Ciudad Juárez, el miedo y el reclamo de justicia permanecen entre los extranjeros varados en el límite con Estados Unidos.
El Gobierno mexicano prometió este jueves que hay "libre tránsito" para la caravana que partió con miles de migrantes de la frontera sur la semana pasada pese a las protestas de los extranjeros.
Estados Unidos abrirá centros en Guatemala y Colombia para buscadores de asilo que se dirijan a la frontera, a fin de evitar un previsto aumento del flujo de migrantes a medida que terminan las normas impuestas durante la pandemia de COVID-19, informaron autoridades estadounidenses el jueves.
Las extranjeras, algunas tapándose la nariz y la boca por el humo, desalojaron corriendo el lugar. En sus declaraciones oficiales, mencionaron haber escuchado gritos procedentes del lado de los hombres, algunos pidiendo agua, y voces preguntando dónde estaban las llaves de la celda.
La mandataria dijo que también enviarán de forma temporal a los militares a diversos puntos de las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile para reforzar el control fronterizo que realiza la policía. No es la primera vez que los militares son destinados a esta función.
El cambio evitó el hacinamiento en centros de acoplo como ocurrió en 2019, cuando algunos migrantes tenían que pararse sobre el inodoro para poder respirar. Pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.
Mientras que el Gobierno mexicano reportó un incremento anual de más del 43 % en el número de "personas situación irregular en México" en 2022, cuando detectó 444.439.
El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseguró este miércoles que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en un incendio y a quienes resultaron heridos hace un mes en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
Un bote de goma con gran cantidad de migrantes se hundió frente a las costas de Libia y por lo menos 55 personas se ahogaron, incluyendo mujeres y niños, informó el miércoles la agencia de migraciones de Naciones Unidas.
Está previsto que el Título 42 se suspenda el 11 de mayo y, a partir de entonces, el Gobierno de Joe Biden ha anunciado que ampliará el uso de las deportaciones aceleradas para hacer frente a lo que esperan sea un aumento en la llegada de migrantes a la frontera con México.
El escrutinio internacional sobre el papel del Gobierno de México y el INM ha crecido tras el incendio del 27 de marzo, cuando murieron seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador consideró un "crimen de Estado".
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
"Ya sea que uno viva en una ciudad fronteriza o en cualquier parte de nuestro gran país todos compartimos los impactos adversos, reales y potenciales de los cruces ilegales de la frontera si se les deja sin control", agregó.
Además de avanzar hacia Estados Unidos, esperan llegar a Ciudad de México para denunciar las muertes provocadas por la política migratoria mexicana, como la de 40 migrantes que fallecieron hace un mes en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
En medio del prolongado estancamiento del Congreso en materia migratoria, el presidente Joe Biden ha abierto una vía para permitir el ingreso al país de cientos de miles de nuevos inmigrantes, lo que amplía de manera considerable el uso de los programas de permiso humanitario.
El titular de la agencia migratoria de México y uno de sus directores generales regresan el martes a los tribunales por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención del norte del país por el que ya están bajo proceso seis funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
"Creo que la última reunión que tuvimos con Estados Unidos y Colombia", de las al menos tres que se han realizado, se alcanzaron "algunos acuerdos que se tienen que cumplir y estamos a la expectativa de que los mismos se cumplan y así lo vamos a hacer", declaró Tewaney.
"Estados Unidos continúa animando a los cubanos" que desean entrar en su territorio a usar "los procesos legales, incluyendo el permiso humanitario", anunciado el pasado enero por el Ejecutivo del presidente Joe Biden, agregó el portavoz del DHS.
El “Viacrucis migrante” partió el domingo de la frontera sur de México para pedir justicia por el mortal incendio ocurrido en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, presionar para que desaparezcan las estaciones migratorias y exigir que los militares dejen de estar a cargo del INM.
