Según documentos filtrados, el Ejército ha pedido presupuestos para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus. El grupo hacker Guacamaya encontró documentos del ejército con pedidos de presupuestos en 2020, 2021 y 2022.
La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la discusión del proyecto de sentencia para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que aprobó el año pasado la mayoría oficialista del Congreso. El debate se espera que continúe el martes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el jueves por primera vez que su Gobierno monitoreó el teléfono de un controvertido activista, como parte de una investigación contra un miembro de un grupo criminal.
López Obrador se ha apoyado más que cualquiera de sus predecesores en las fuerzas armadas, a las que les ha otorgado mayores responsabilidades, desde la construcción de proyectos de infraestructura hasta la supervisión de puertos marítimos y aéreos.
En un comunicado conjunto, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, R3D, Social Tic y Artículo 19, colectivos que han acompañado las denuncias de espionaje, indicaron que todo apunta a que esas empresas fueron las intermediarias de NSO Group en México.
Leopoldo Maldonado confió en que esta detención sea el primer paso para el esclarecimiento del caso, ya que García Rivera es o fue “un operador técnico de una empresa privada que era intermediaria de NSO en México y benefició con el espionaje ilegal a personajes públicos”.
Tras reconocer de que no había certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus así como de otros de ese tipo
El gobierno mexicano localizó 31 contratos vinculados al software de espionaje Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.
Del entramado de espionaje y el desvío de fondos públicos que funcionó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en torno al software espía Pegasus, una empresa destaca por encima del resto. Se trata de KBH TRACK, señalada este martes por la Fiscalía General de la República, como...
El funcionario precisó que la contratación de Pegasus se realizó en México a través de empresas fachada, en particular Grupo Tech Bull y Balam Seguridad, y que los pagos de los contratos se dieron a través de cuentas de Estados Unidos, Italia y principalmente Israel con NSO Group.
En México, el caso del software Pegasus trasciende al espionaje a periodistas y activistas y apunta al desvío de fondos. Así lo ha explicado este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en la conferencia de prensa que...
México ha amanecido este lunes pendiente del iceberg Pegasus, escándalo que no deja de crecer. Una investigación periodística ha revelado que al menos 15,000 personas estuvieron en la mira del malware en el país, un número mucho mayor del que se pensaba hasta ahora.
La actual Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación...
“Pegasus” funcionaba mediante el envío de mensajes de texto de interés para la víctima, que tenían un vínculo. Al abrirlo el celular se convertía en un dispositivo de espionaje y permitía activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo el contenido almacenado en el aparato.
Los mensajes llegaron en un momento de crisis conocido para la frágil comunidad periodística de México: otro reportero había sido asesinado mientras cumplía con su trabajo.
Tras las evidencias de que la tecnología había sido usada de manera mucho más amplia, las autoridades mexicanas enviaron una lista de preguntas a las agencias policiales y de investigación estadounidenses para mostrar que se estaban tomando en serio la indagatoria.
