Prigozhin, que solía permanecer en las sombras, se ha presentado cada vez más ante el público, alardeando casi a diario sobre las presuntas victorias alcanzadas por el Grupo Wagner, mofándose irónicamente de sus enemigos y quejándose de los altos mandos militares.
Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador aprobó a primera hora del miércoles una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas.
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Las autoridades había apremiado la entrada en vigor de la ley para antes del 6 de junio, dado que en esa fecha varios líderes de bandas criminales cumplirían sus periodos de prisión preventiva. Con la reforma aprobada, sus órdenes de prisión provisional podrán ser prorrogadas.
El Gobierno enmarca en esta medida su llamada "guerra contra las pandillas" a la que atribuye la reducción de los homicidios hasta una tasa de 7,8 por cada 100,000 habitantes en 2022, aunque dicho dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
Las llamadas maras o pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
Los homicidios reportados entre enero y el 31 de marzo han aumentado más del 20% en comparación con el último trimestre de 2022, y se han reportado 637 secuestros en lo que va del año, un incremento del 63% en relación con los últimos tres meses del año pasado, indica el informe.
El gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó el lunes un plan contra la delincuencia en la primera de las 46 comunas chilenas que serán intervenidas con agentes y persecutores penales para frenar el incremento de los homicidios y otros delitos graves.
Costa Rica cerró en 2022 con un total de 657 homicidios, la cifra más alta de su historia. Mientras que en lo que va del año mantiene un promedio de 2,1 muertes violentas por día. Las autoridades aseguran que la mayoría de los casos están relacionados a disputas entre grupos del narcotráfico.
Chaves reprochó que solo uno de cada 22 capturados por la policía en Costa Rica y acusados de delito terminan en la cárcel pese a ser atrapados en flagrancia, por lo que se requieren cambios que garanticen que quienes cometen crímenes violentos terminen en la cárcel y no sigan en las calles.
Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a The Associated Press personas con conocimiento de la pesquisa.
En la anulación del indulto se alegó que éste había sido concedido poco después de que Kuczynski se salvara de una destitución en el Congreso gracias a los votos de legisladores fujimoristas, lo que hacía prever que había sido parte de un acuerdo político, entre otros cuestionamientos.
"Por decirlo de forma simple, si sales hoy día a la calle es menos probable que te asalten que hace diez años, pero es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla", explica la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien pide no politizar el problema.
Una pandilla haitiana emboscó y asesinó el domingo a tres policías cerca de Puerto Príncipe, el ataque más reciente a un departamento de policía con escaso personal y recursos, el cual ha reportado casi una veintena de agentes muertos en lo que va del año, de acuerdo a las autoridades.
En este pintoresco puerto del Caribe, desde donde los pasajeros de cruceros son llevados a aventuras en la selva del interior de Costa Rica, los lugareños intentan estar en casa al anochecer y la policía efectúa patrullajes con armas de grueso calibre debido a la creciente violencia.
El régimen de excepción declarado en El Salvador ante la violencia de las pandillas cumplió el lunes un año de vigencia con 66.417 detenidos, 4.304 liberados y 5.802 supuestas víctimas de violaciones a derechos humanos.
El traslado de niños ucranianos a zonas de Ucrania bajo el control de Moscú y a Rusia constituye un "crimen de guerra", afirmó este jueves un grupo de investigadores de la ONU, que también denunció posibles crímenes contra la humanidad.
En Haití se trafican armas cada vez más sofisticadas, procedentes principalmente desde Estados Unidos, y en especial desde Florida, en un contexto de creciente anarquía en la empobrecida nación caribeña, indicó un reporte de Naciones Unidas publicado el viernes.
También aumentaron las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento respecto al año anterior, pues en 2022 hubo 82.862 personas desplazadas (cerca del 19 % de ellas niños) y 102.395 confinadas, mientras que en todo 2021 fueron 73.974 los desplazados y 65.685 sufrieron confinamiento.
Otra de las recomendaciones y "la más importante" es que se adopte la política de desmantelamiento de grupos criminales y organizaciones criminales para que se pueda empezar a atender el problema de la violencia en los territorios.
