La idea de la tregua, aunque pudiera parecer ingenua, es obra de la desesperación en un país con más de 110,000 personas desaparecidas y que cuenta con autoridades policiales y forenses desbordadas por la violencia y los restos de más de 50,000 personas sin identificar.
Una camioneta de la Fiscalía del Estado de Jalisco fue alcanzada por una mina cuando transitaba en el cruce de las calles Flaviano Ramos y Abasolo, en el norte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Al menos tres agentes han muerto y otras diez personas han resultado heridas por la explosión en un vehículo en el que se encontraban miembros de la Policía y la Fiscalía estatal en la ciudad mexicana de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, que se encuentra en el centro del país.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los grupos criminales del país que tomen la iniciativa y abandonen las actividades ilícitas, como lo han pedido las asociaciones de madres buscadores de desaparecidos que buscan un pacto de paz.
El móvil del ataque sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba un grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
El grupo de la OEA denunció en marzo que el Ejército siguía ocultándoles información y evidencias clave para esclarecer lo ocurrido, lo que suponía un importante bloqueo a su trabajo. Su mandato finaliza a finales de julio y no está claro todavía si se ampliará, como se ha hecho en el pasado.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que envió una segunda carta al gobierno de Israel solicitando la extradición de un exfuncionario acusado de manipular las investigaciones sobre la sonada desaparición de 43 estudiantes en 2024 en el sur del país latinoamericano.
“Parte de los actos de investigación y de las diligencias nos traen precisamente a este punto”, dijo Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal estatal de Jalisco, el miércoles en un encuentro con periodistas. Además, el funcionario precisó que en las bolsas se encontraron partes de cuerpos de hombres y mujeres.
Las autoridades del estado de Jalisco, en el occidente de México, localizaron el jueves 45 bolsas con restos humanos pertenecientes a un número aún no determinado de personas y, según análisis preliminares, entre esos restos podrían encontrarse algunos de los jóvenes desaparecidos la semana pasada.
El alcalde de Iguala cuando 43 estudiantes desaparecieron en esa ciudad del sur de México en 2014 y uno de los principales acusados del caso que conmocionó al país y al mundo fue exonerado por la justicia del secuestro de los jóvenes, informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Baja California es también uno de los estados donde más se cometen homicidios dolosos en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. Entre enero y abril pasado se registraron allí 721 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales.
Los cargos presentados no son los primeros que se imputan a los hijos de Guzmán. Al igual que su padre, que fue acusado en siete casos en siete ciudades antes de su condena final en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, ahora se enfrentan a múltiples acusaciones en varias jurisdicciones.
Las autoridades estatales del centro-norte de México buscaban el jueves por tierra y aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que fueron denunciadas como desaparecidas a su paso por el estado de San Luis Potosí, pero en esas labores se localizó a otras 51 supuestas víctimas.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
A lo largo de esa calificación anual de México por Washington –basada en información pública, de ONG y medios seleccionada por el gobierno estadunidense– el Departamento de Estado aborda en detalle los delitos cometidos por bandas criminales locales y trasnacionales y narcotraficantes.
El episodio contrasta fuertemente con el frenesí del gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica. Se vieron inmersos en un tiroteo entre cárteles de la droga en la ciudad fronteriza de Matamoros.
“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Estaba inquieto; no podía dormir ni comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodward a los periodistas el jueves.
Una persona que alega hablar en nombre del cártel presuntamente responsable del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, condenó el hecho, pidió disculpas a las familias de las víctimas y dijo que ha entregado a las autoridades a los miembros del grupo implicados.
El caos que se desarrolló en la ajetreada intersección de tres vías en la zona centro de Matamoros, podría haberse recordado solo como un acto de violencia angustiosamente común en una ciudad fronteriza agobiada por la violencia. Excepto que en esta ocasión las víctimas eran estadounidenses.
“A principios de este año empiezo a recibir reportes de que el mismo grupo que controlaba la plaza como que empieza a tener comportamientos mucho más de extorsión”, añadió la investigadora que trabajó en la Universidad de Texas-Brownsville, justo al otro lado del Río Grande de Matamoros.
