Más de 25 exgobernantes de España y América Latina alertaron este viernes de "la expansión del entramado criminal en la vida política" de la región y pidieron a organismos internacionales no mirar para otro lado, al condenar el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio
“Hemos prácticamente cerrado los 1,100 kilómetros cuadrados del departamento de Cabañas, al noreste de la capital. Sabemos que las pandillas han cambiado de estrategia, se han ido a las zonas rurales, boscosas y están en las montañas”, dijo a periodistas el director general de la PNC.
Por su parte el diputado Johnny Wright Sol, del conservador partido Nuestro Tiempo, cuestionó las disposiciones transitorias con las que las autoridades podrán procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción, en lugar de individualizar casos de los detenidos.
La presencia de los cascos azules en el país, que comparte territorio con República Dominicana, generó mucha polémica ya que los efectivos fueron relacionados con un fuerte brote de cólera en Haití, al igual que con violaciones y abusos de derechos humanos.
“Son eventos que dan oxígeno al gobierno para distraer la atención interna de los grandes problemas que tenemos, y mostrarle también al mundo una cara de modernidad”, dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, un grupo independiente de vigilancia política en El Salvador.
Tras la masacre la presidenta Xiomara Castro ordenó pasar el manejo de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público, un comando élite de las Fuerzas Armadas. Hasta la semana pasada las prisiones eran administradas por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
La intervención de las cárceles de Honduras, que el lunes inició la Policía Militar de Orden Público (PMOP), se está haciendo con respeto a los derechos humanos de los reclusos, dijo este martes el director la institución, coronel Fernando Muñoz.
La cifra de muertas sobrepasó al de un incendio en un centro de detención en Guatemala en 2017, cuando las menores retenidas en un centro para jóvenes con problemas prendieron fuego a los colchones en protesta por las violaciones y otros abusos que sufría. El humo y el fuego mataron a 41 niñas.
Las autoridades hondureñas empezaron a entregar a los familiares los cuerpos maltrechos y calcinados de 46 mujeres asesinadas en el peor motín en una prisión de mujeres en la historia reciente.
Un grupo de reclusas sacó a los guardias de la prisión, abrió un bloque de celdas, comenzó a asesinar a otras internas y provocó un incendio. El resultado: la principal cárcel de mujeres de Honduras se convirtió en escenario de una matanza en la que murieron al menos 46 mujeres.
Podría ser otro tiempo y otra vida. Un pasado violento al que renunciaron para trabajar en esta cocina que hoy los envuelve con su olor a pan recién horneado. Los salvadoreños pasaron décadas apretando los dientes mientras veían cómo el control de su país se ejercía bajo una premisa intolerable.
¿CÓMO SE ORIGINARON LAS PANDILLAS? En los años 70, grupos juveniles se reunían en San Salvador para escuchar música y consumir alcohol y drogas, casi siempre de manera pacífica, dice Stephen Offutt en su libro “Blood Entanglements: evangelicals and gangs in El Salvador”.
Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador aprobó a primera hora del miércoles una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas.
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
A sólo un par de cuadras de Turgeau, un hombre en una motocicleta cargaba una cabeza decapitada mientras la multitud gritaba: “¡Bwa kale! ¡Bwa kale!”. El incidente fue visto en un video que ha sido compartido en redes sociales y sometido a discusión entre observadores internacionales.
Asimismo, autorizó el ingreso a Nicaragua de tropas rusas "para llevar a cabo intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua, con la Fuerza Naval" nicaragüense.
El Gobierno enmarca en esta medida su llamada "guerra contra las pandillas" a la que atribuye la reducción de los homicidios hasta una tasa de 7,8 por cada 100,000 habitantes en 2022, aunque dicho dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
Bukele también aprovechó para fustigar nuevamente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han criticado las políticas de seguridad de su gobierno. “Pero ahí no dirán nada las ONG de derechos humanos, ellos solo velan por los derechos de los criminales”, manifestó.
Las llamadas maras o pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
Salvador dijo que durante el primer trimestre de 2022 se reportaron más de 690 incidentes criminales que incluyen homicidios, violaciones, secuestros y linchamientos. Durante el mismo periodo de este año la cifra alcanzó los 1.647 reportes, más del doble.
