Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México cerraron el martes su trabajo en el país denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras.
El móvil del ataque sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba un grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
En los últimos días el presidente mexicano también ha hecho cuestionamientos a la política antidrogas de Estados Unidos asegurando que ha fracasado y que permite que operen con libertad los cárteles que distribuyen fentanilo en ese país, señalamientos que han sido rechazados por Washington.
Al ser preguntado el lunes sobre la decisión que tomó a fiscalía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se investigará la medida y admitió que “hay diferencias” en esa institución aunque no profundizó sobre ese punto. “Esto no quita que la investigación continúe”, agregó.
El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.
Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, que quedó aprobada pasada la medianoche, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el ejemplo más reciente de las...
De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
México convive con la muerte día a día. Forma parte de su folclore, de sus tradiciones, de su arte. Hasta que llegó el narco, la violencia y las desapariciones. Y ahora un país que estaba en paz con sus difuntos se horroriza a diario ante la espiral de sangre que marca cada rincón del mapa.
El informe indica también que la estructura creada por los altos funcionarios ahora encarcelados aparentemente seguía operando con “bajo perfil” hasta el año pasado puesto que en 2020 se incrementaron las desapariciones (hubo 164), más que las registradas en 2017 (136).
“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio... si él estaría dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia”, dijo el mandatario. “Sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recomendó el martes a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace veintisiete años, al determinar que el responsable del hecho fue...
López Obrador firmó el sábado un decreto para crear una comisión de la verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990 con el fin de hacer justicia por esos crímenes, buscar a las personas que todavía siguen desaparecidas.
México liberará a 682 presos que no estén condenados por delitos graves, que padezcan alguna enfermedad degenerativa o en fase terminal, mayores de 70 años, indígenas, que hayan sido víctimas de tortura o que lleven más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, indicaron el martes...
Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes acusado de tortura en el caso Florence Cassez a Luis Cárdenas Palomino, un exalto mando estrechamente vinculado a Genaro García Luna, exministro de Seguridad hoy preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.
Un juez ha dictado formal prisión al exgobernador de Puebla Mario Marín, acusado de ordenar las torturas y la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005. Marín fue arrestado el 3 de febrero en Acapulco (Guerrero) y después fue trasladado a una prisión en Cancún (Quintana Roo).
Bartlett le catapultó primero para buscar la alcaldía de la ciudad de Puebla y después resultó casi natural que Marín optara por la gubernatura en 2004. Para entonces, el Estado entero ya estaba a su servicio, aborrecía a la prensa y el significativo crecimiento de su patrimonio era visible.
La batalla legal de Cacho fue avalada por instancias internacionales y en enero de 2019, en cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el actual gobierno federal le ofreció disculpas públicas por la detención arbitraria a la que fue sometida.
El exministro debe comparecer ante un juez federal de Los Ángeles a las 13H00 locales (15H00 de México). Sería trasladado a Nueva York "en las próximas semanas", precisaron los fiscales, que pidieron que Cienfuegos no sea liberado bajo fianza porque presenta "riesgo de fuga".
