El presidente fundamenta su idea del poder en su pretendida superioridad moral. Por eso sus discursos, en el tema que sea, siempre son una variante del núcleo de su concepción política: él es honesto, los que se le oponen son corruptos y los que se someten a su voluntad son redimidos.
“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, afirmó.
“La Corte es un instrumento político y no un órgano de justicia”, reclamaba en 2014 Andrés Manuel López Obrador en un mitin en Morelos cuando el Supremo mexicano rechazó la consulta popular sobre la reforma energética. Seis años después, el tablero ha dado un giro de 180 grados y es él, ahora...
Ante la mirada impávida de grandes empresarios, el agravio de despachos fiscales y la indignación de la plutocracia mexicana, la más importante transformación fiscal de las últimas décadas avanza en silencio, pero sin recato.
Hace tres semanas el Presidente envió a la Cámara de Diputados un proyecto mediante el cual se le otorgan al Ejecutivo plenos poderes para modificar el Presupuesto aprobado. Con ello hacía letra muerta las facultades del Legislativo en materia presupuestal.
Entre todas las cruzadas que se ha propuesto en este primer año de gobierno Andrés Manuel López Obrador, hay una que se ha librado soterradamente. Al menos hasta hace dos meses. El sistema judicial, como tantos otros estamentos en México, está permeado por la corrupción.
Cuando el Partido Revolucionario Institucional designó a José Antonio Meade Kuribreña como candidato a la presidencia por la coalición Todos por México en la que también están el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza se volvía a la tradición de nombrar a un tecnócrata del área económica.
