La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insiste a México que rompa "el pacto de silencio" de las autoridades que impide resolver el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014, tiene desde el jueves un poco más cerca la posibilidad de seguir sus procesos penales en su casa.
En otro caso que implica a militares, el Centro Prodh también elogió la condena a 90 años de cárcel a cinco uniformados por el asesinato de estudiantes hace 13 años. “Saludamos el paso hacia la justicia.. que muestra los riesgos de la militarización”, señaló el Centro Prodh el miércoles.
Durante su sexenio que culmina el próximo año, el mandatario mexicano ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como un tren en el sur del país y varios aeropuertos, así como la gestión de las aduanas y trenes, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública
Los expertos indicaron que su labor de investigación fue fundamental para demostrar la llamada “verdad histórica”, que se utilizó en el anterior sexenio para alegar que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.
Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de dos estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
A este reclamo, Encinas, que habita posturas distintas sobre el Ejército de las que maneja López Obrador, dio la razón a las familias. Entendió que ese era el punto y se mostró empático. El entendimiento del presidente de la comisión a este reclamo no ha surtido efecto de momento en López Obrador.
El Secretario General y los Estados miembros de la OEA, que enviaron a los investigadores internacionales para apoyar el compromiso inicial de López Obrador con la justicia, deberían instar al presidente a que cumpla su palabra y presione a los militares para que cooperen.
La dependencia ha señalado igualmente que durante el encuentro “se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el Gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer, lo que se llamó pacto de silencio. Entonces, todo eso lo estamos enfrentado y hemos avanzado bastante”, destacó el mandatario.
Las divergencias se profundizaron en las últimas horas luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.
Estudiantes vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, sur de México, e incendiaron una camioneta, como parte de las protestas que llevan a cabo a días del noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre próximo.
La Secretaría de Gobernación informó que los resultados de la investigación en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Ayotzinapa, en el actual gobierno “no tienen precedente”, y que muestra de ello es “la clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos”.
Manejar una “realidad doble”. Eso fue lo que más desconcertó a los expertos internacionales que investigaron durante ocho años el crimen de mayor impacto en la historia reciente de México: la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de magisterio. Nunca habían visto algo parecido en otras misiones.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves que las Fuerzas Armadas sí cooperan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las acusó de obstruir la investigación.
Durante el primer semestre de 2023, México registró al menos 3.285 crímenes de “extrema violencia”, con un promedio de 18 “atrocidades” diarias y un acumulado de 226 masacres, informó este miércoles la organización Causa en Común, especializada en seguridad.
Al menos 27 cuerpos han sido hallados en más de una decena de fosas clandestinas en la ciudad mexicana de Reynosa, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, según ha informado el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas.
La idea de la tregua, aunque pudiera parecer ingenua, es obra de la desesperación en un país con más de 110,000 personas desaparecidas y que cuenta con autoridades policiales y forenses desbordadas por la violencia y los restos de más de 50,000 personas sin identificar.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los grupos criminales del país que tomen la iniciativa y abandonen las actividades ilícitas, como lo han pedido las asociaciones de madres buscadores de desaparecidos que buscan un pacto de paz.
