Un grupo de republicanos del Senado instó el jueves al Departamento de Justicia a publicar su expediente de investigación sobre un intermediario clave para el gobierno socialista de Venezuela indultado por el presidente Joe Biden antes del juicio por cargos de lavado de dinero.
Un agente federal antinarcóticos filtraba información confidencial sobre uno de los principales blancos criminales de Washington en Venezuela como parte de un plan para vender secretos del gobierno a abogados defensores que buscaban atraer a clientes ricos, se declaró en un juicio esta semana.
En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia de Estados Unidos, un hecho denunciado por Venezuela que reclama la libertad del empresario, alegando una inmunidad diplomática que fue desestimada por la Corte del caso.
En una orden judicial de 15 páginas, el juez Robert Scola consideró que Alex Saab no pudo probar que las leyes internacionales reconocen inmunidades transitorias para agentes diplomáticos en misiones temporales. Pero incluso si existiera esa inmunidad de tránsito, dijo el magistrado en su escrito.
“Este es en realidad uno de esos casos donde si algo se parece a un pato, camina como un pato y suena como un pato, pues entonces es un pato”, declaró Jonathan New, uno de los abogados de Saab, en la presentación de argumentos. “El señor Saab era y sigue siendo un enviado especial”.
La audiencia realizada ante un panel de apelaciones de Miami se centró en la cuestión políticamente espinosa de si Alex Saab es un diplomático venezolano y, por tanto, tiene derecho a inmunidad judicial en virtud de la legislación estadounidense y de numerosos tratados internacionales.
Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro e influyente operador de negocios del chavismo, se ha declarado inocente este lunes del cargo de conspiración para blanquear capitales en Estados Unidos, por el que arriesga 20 años de prisión.
A lo largo de los años, Hernández ofreció a Bagley cuantiosos contratos para prestar servicios de consultoría a varios políticos latinoamericanos, entre ellos un gobernador en Colombia vinculado a los paramilitares y un candidato presidencial paraguayo no identificado.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Jorge Rodríguez, quien ha estado al frente de la delegación del gobierno venezolano en las negociaciones que iniciaron en agosto, señaló que su equipo no viajaría a Ciudad de México para las próxima ronda de diálogo, si bien no llegó a decir que Venezuela abandona el diálogo por completo.
