Sectores opositores convocaron a movilizaciones en la capital mexicana y otras ciudades para impulsar un boicot contra el referendo revocatorio de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, previsto para el 10 de abril, que se ha visto envuelto en la polémica y el desánimo del electorado.
La ley dio a la ciudadanía, académicos y periodistas herramientas que ayudaron a destapar casos de corrupción, como “Las empresas fantasma de Veracruz”, o que han revelado la crisis de derechos humanos que atraviesa México, como lo hace “El país de las 2,000 fosas”.
“El elevado número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas que enfrentan son preocupantes. Yo me sumo a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con las personas cuyos seres queridos dieron sus vidas por la verdad”, dijo.
En paralelo, el INE ajustó dos veces su presupuesto para lograr una partida total de 1,567 millones de pesos para llevar a cabo el proceso y, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ajustó a la baja el costo de la revocación de mandato.
A finales del año pasado, la organización local “Que siga la democracia”, que apoya al mandatario, aseguró que había consignado en el INE diez millones de firmas a favor de la consulta. Durante varias semanas el organismo electoral estuvo revisando las rúbricas para determinar su validez.
El PAN dijo en un comunicado que “de realizarse el capricho presidencial, nos estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4,000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) , recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza”.
Desde hace varios meses López Obrador ha promovido la consulta, prevista para el 10 de abril, para revalidar su gestión luego de tres años de mandato. En el referendo se espera preguntar a los mexicanos si quieren que el gobernante continúe en su sexenio hasta 2024 o renuncie.
La Suprema Corte de Justicia de México ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con la consulta popular sobre la revocatoria de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido pospuesta temporalmente la semana pasada por falta de recursos.
El presidente del INE ha deslizado que si la Cámara rectifica el presupuesto asignado al organismo en 2,000 millones de pesos sí se podría llevar a cabo la consulta. Morena, en todo caso, tiene la facultad de acudir primero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles que sigue vigente el acuerdo que emitió para declarar "de interés público y seguridad nacional" sus obras de infraestructura, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
En el discurso previo, López Obrador defendió las conquistas revolucionarias “como el derecho a la tierra, la jornada de ocho horas, el salario mínimo o el rescate petrolero”. Fue su principal referencia al pasado, el resto estuvo enfocado en el presente y las virtudes de su gobierno.
La decisión de la SCJN coincidió con la comunicación que envió el martes López Obrador al Senado, controlado por el oficialismo, para proponer a Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz como candidatos para ocupar el cargo que dejará este año el ministro José Fernando Franco González Salas
México no podrá encarcelar de oficio de manera preventiva a las personas acusadas de corrupción, como quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la Suprema Corte acaba de anular partes de una reforma legal que establecía esa medida.
López Hernandez, un exmilitante del opositor Partido Revolucionario Institucional que fue diputado federal entre 2010 y 2012 y ocupó diversos cargo en su estado, es identificado como una persona muy cercana a López Obrador, a quien se vinculó a través de su papá Payambé López Falconi ya fallecido.
“Mi decisión está tomada con independencia de lo que decida la Corte” sobre las acciones de inconstitucionalidad que hay interpuestas, explicó. “Desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado”.
La extensión del periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hasta el 30 de noviembre del 2024 se dio mediante una aprobación de último minuto en el Congreso como parte de un paquete de reformas al poder judicial y promovida por el oficialista Morena.
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