La cifra de privados de libertad muertos en El Salvador en custodia estatal en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, llegó a 218, dijo el martes a EFE Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Según Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, esto se debe a que "el problema palestino está muy instalado en el relato de una cierta izquierda latinoamericana y a la existencia de importantes comunidades judías, pero también palestinas,
Aunque los tintes políticos y el peso de la historia marcan las posiciones de América Latina ante la guerra entre Israel y Hamás, la mayoría de los gobiernos de izquierda mantienen su tradicional apoyo a la causa palestina y, con Brasil a la cabeza, abogan por una solución pacífica.
El penal ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, de la organización Human Rights Watch (HRW) y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por lo que consideran violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
Más de 4,000 efectivos de la fuerza armada y de la policía de El Salvador se sumaron el miércoles a una operación para cercar a tres comunidades populosas en la periferia de la capital del país centroamericano en un esfuerzo por localizar y capturar a grupos remanentes de las pandillas.
Cáceres dijo que el pasado 7 de septiembre se presentó ante la Asamblea Legislativa una nueva iniciativa, denominada Niñas no Madres, con la que se busca "abrir la posibilidad de la interrupción del embarazo cuando las niñas y adolescentes menores de 18 años sean víctimas de violencia sexual".
Corea del Norte se ha apropiado políticamente de esta mitología para convertirla en la fuente misma de legitimidad de la dinastía Kim; es decir, tejió una narrativa ficticia de que Kim Il Sung es el salvador y que su descendencia también está dotada de poderes sobrenaturales.
La mandataria, que viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que la decisión apunta a "enfrentar de manera firme y decidida esta lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada", según una entrevista con la televisión oficial.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el viernes la sexta fase de su plan de seguridad, denominada “Integración” y enfocada en las necesidades a medio y largo plazo de la población desfavorecida, con una inversión anual de 30 millones de dólares.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el abogado austriaco Volker Turk, expresó su preocupación por la “duración excesiva” del estado de excepción, por las detenciones masivas, así como las condiciones carcelarias.
El homicidio sigue como la principal manera de muerte violenta con 3.664 víctimas y una reducción de 7,1 %, mientras que las muertes no intencionales sumaron 846, con una baja de 61 casos con respecto a 2021. Los suicidios, "se mantienen igual que el año anterior (2021) con 558", indica el estudio.
“Hemos prácticamente cerrado los 1,100 kilómetros cuadrados del departamento de Cabañas, al noreste de la capital. Sabemos que las pandillas han cambiado de estrategia, se han ido a las zonas rurales, boscosas y están en las montañas”, dijo a periodistas el director general de la PNC.
Por su parte el diputado Johnny Wright Sol, del conservador partido Nuestro Tiempo, cuestionó las disposiciones transitorias con las que las autoridades podrán procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción, en lugar de individualizar casos de los detenidos.
“Son eventos que dan oxígeno al gobierno para distraer la atención interna de los grandes problemas que tenemos, y mostrarle también al mundo una cara de modernidad”, dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, un grupo independiente de vigilancia política en El Salvador.
Tras la masacre la presidenta Xiomara Castro ordenó pasar el manejo de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público, un comando élite de las Fuerzas Armadas. Hasta la semana pasada las prisiones eran administradas por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
La intervención de las cárceles de Honduras, que el lunes inició la Policía Militar de Orden Público (PMOP), se está haciendo con respeto a los derechos humanos de los reclusos, dijo este martes el director la institución, coronel Fernando Muñoz.
La cifra de muertas sobrepasó al de un incendio en un centro de detención en Guatemala en 2017, cuando las menores retenidas en un centro para jóvenes con problemas prendieron fuego a los colchones en protesta por las violaciones y otros abusos que sufría. El humo y el fuego mataron a 41 niñas.
Las autoridades hondureñas empezaron a entregar a los familiares los cuerpos maltrechos y calcinados de 46 mujeres asesinadas en el peor motín en una prisión de mujeres en la historia reciente.
Un grupo de reclusas sacó a los guardias de la prisión, abrió un bloque de celdas, comenzó a asesinar a otras internas y provocó un incendio. El resultado: la principal cárcel de mujeres de Honduras se convirtió en escenario de una matanza en la que murieron al menos 46 mujeres.
Podría ser otro tiempo y otra vida. Un pasado violento al que renunciaron para trabajar en esta cocina que hoy los envuelve con su olor a pan recién horneado. Los salvadoreños pasaron décadas apretando los dientes mientras veían cómo el control de su país se ejercía bajo una premisa intolerable.
