El Congreso peruano anunciará el jueves si da tratamiento a un pedido para destituir a la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las manifestaciones en reclamo de su renuncia que empezaron apenas inició su mandato en diciembre.
La Cumbre Iberoamericana se inaugura este viernes en República Dominicana con una agenda enfocada en la economía, en medio de oscuros pronósticos para una región que busca más financiamiento y apoyo para enfrentar una crisis migratoria y otra alimentaria.
En los más de tres meses de protestas, han muerto 66 personas, de ellos 48 son civiles que murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad a las manifestaciones. También un policía murió quemado dentro de un patrullero y seis soldados fallecieron ahogados cuando intentaban cruzar un río.
López y Petro se han convertido en los más conspicuos críticos de Boluarte, cuya legitimidad democrática cuestionan a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido golpe de Estado.
Un juez peruano ordenó el jueves 36 meses de cárcel preventiva por corrupción para el expresidente Pedro Castillo quien cumple otra prisión preventiva de 18 meses por rebelión después de que lo destituyeran en diciembre.
Por su parte, el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) señaló a EFE que las políticas económicas equivocadas iniciadas por Evo Morales y que tiene que ver con el uso de los recursos energéticos del país latinoamericano producirán una crisis económica "largamente anunciada".
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respaldó a la presidenta Dina Boluarte durante una ceremonia en la que recibió la máxima condecoración del gobierno de Perú, en medio de protestas que exigen la renuncia de la mandataria.
Las mujeres realizaron un tradicional pago a la tierra, un tradicional acto donde se muestra respeto a la tierra colocando frutas, caramelos y panes además de masticar la hoja de coca. Otras mujeres luego comenzaron a entonar un estribillo tradicional que decía “Dina asesina, el pueblo te repudia”.
La presidenta peruana Dina Boluarte ingresó el martes a la fiscalía para ser interrogada en una investigación preliminar por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento.
Dos soldados murieron ahogados cuando para evitar choques con manifestantes que pedían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y los miembros del Congreso cruzaron un río de los Andes por una ruta alterna, informaron el lunes las autoridades.
Una comisaría y un tribunal en el sur de Perú fueron incendiados el sábado durante una protesta antigubernamental en la que las fuerzas del orden hicieron disparos al aire y lanzaron bombas lacrimógenas desde helicópteros, en tanto que también hubo movilizaciones en Lima.
Gervasi respondió que Estados Unidos apoya la posición democrática del Perú, que el Nuncio Apostólico se refirió al tema de los derechos humanos, sobre el que no hay discrepancias, y que el pedido de Naciones Unidos es por parte de un grupo de independientes que solicitan información.
Los manifestantes opositores colocaron piedras e incendiaron neumáticos en la Carretera Central, una vía que une los Andes centrales con Lima. Varias metros de la vía quedaron bloqueados mientras los integrantes de la protesta gritaban “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de las manifestaciones en diciembre han muerto 60, casi la totalidad son civiles. De ese total, 48 civiles y un policía fallecieron en medio de las manifestaciones, mientras otros 11 en accidentes vinculados a los bloqueos de las vías.
Esa jornada de protestas en Juliaca dejó la cifra de fallecidos más alta en dos décadas en Perú en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad: 19 personas muertas, incluyendo una menor y un médico que, en su día libre, acudió a las protestas y auxilió a manifestantes.
El expresidente peruano Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su "inmediata libertad" y restitución como mandatario del país andino, informó este martes su exministro de Defensa Walter Ayala.
Decenas de activistas quechuas y aymaras descansan en colchones sobre el piso a la espera nuevas manifestaciones contra el gobierno, mientras algunos voluntarios preparan un desayuno de arroz, pasta y verduras.
Castillo —en prisión provisional en una cárcel exclusiva de Lima para expresidentes— fue llamado por el Parlamento para ejercer su defensa mediante una videoconferencia, pero el exmandatario pidió asistir de forma presencial al Legislativo, una petición que no fue aceptada.
En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
"Es lamentable que un presidente quiera intervenir en políticas del Estado peruano", dijo antes de señalar la necesidad de que "los partidos políticos hagan un pronunciamiento para invocar al señor presidente de Colombia que se dedique a gobernar su país, igual que el presidente de México".
