Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
La búsqueda de siete jóvenes secuestrados en el estado de Zacatecas, en el centro norte de México, podría tener un final trágico después de que el miércoles se descubrieron seis cuerpos y a un sobreviviente en una zona remota.
En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de dos estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
A este reclamo, Encinas, que habita posturas distintas sobre el Ejército de las que maneja López Obrador, dio la razón a las familias. Entendió que ese era el punto y se mostró empático. El entendimiento del presidente de la comisión a este reclamo no ha surtido efecto de momento en López Obrador.
El Secretario General y los Estados miembros de la OEA, que enviaron a los investigadores internacionales para apoyar el compromiso inicial de López Obrador con la justicia, deberían instar al presidente a que cumpla su palabra y presione a los militares para que cooperen.
La dependencia ha señalado igualmente que durante el encuentro “se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el Gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer, lo que se llamó pacto de silencio. Entonces, todo eso lo estamos enfrentado y hemos avanzado bastante”, destacó el mandatario.
Las divergencias se profundizaron en las últimas horas luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.
Estudiantes vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, sur de México, e incendiaron una camioneta, como parte de las protestas que llevan a cabo a días del noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre próximo.
Además, se contabilizan de manera oficial más de 111,000 personas desaparecidas o no localizadas en el país latinoamericano y, según investigaciones de organizaciones y buscadoras, son 52,000 los restos humanos que permanecen en dependencias públicas sin identificar.
La Secretaría de Gobernación informó que los resultados de la investigación en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Ayotzinapa, en el actual gobierno “no tienen precedente”, y que muestra de ello es “la clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos”.
Manejar una “realidad doble”. Eso fue lo que más desconcertó a los expertos internacionales que investigaron durante ocho años el crimen de mayor impacto en la historia reciente de México: la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de magisterio. Nunca habían visto algo parecido en otras misiones.
"He recibido una carta del primer ministro de Israel en la que declara su interés por ayudarnos, porque uno de los participantes en el encubrimiento del crimen se encuentra en Israel", ha declarado López Obrador, quien no ha informado sobre si Israel ha aceptado finalmente extraditar a Zeron.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves que las Fuerzas Armadas sí cooperan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las acusó de obstruir la investigación.
Al menos 27 cuerpos han sido hallados en más de una decena de fosas clandestinas en la ciudad mexicana de Reynosa, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, según ha informado el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas.
La idea de la tregua, aunque pudiera parecer ingenua, es obra de la desesperación en un país con más de 110,000 personas desaparecidas y que cuenta con autoridades policiales y forenses desbordadas por la violencia y los restos de más de 50,000 personas sin identificar.
Una camioneta de la Fiscalía del Estado de Jalisco fue alcanzada por una mina cuando transitaba en el cruce de las calles Flaviano Ramos y Abasolo, en el norte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Al menos tres agentes han muerto y otras diez personas han resultado heridas por la explosión en un vehículo en el que se encontraban miembros de la Policía y la Fiscalía estatal en la ciudad mexicana de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, que se encuentra en el centro del país.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los grupos criminales del país que tomen la iniciativa y abandonen las actividades ilícitas, como lo han pedido las asociaciones de madres buscadores de desaparecidos que buscan un pacto de paz.
El móvil del ataque sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba un grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
