El gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció esta semana la expulsión del embajador mexicano en Lima. Antes había llamado en consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, países gobernados por líderes de izquierda que han mostrado su apoyo a Castillo.
La realidad a 560 kilómetros de la capital peruana es que los manifestantes tenían fogatas en las calles del centro de Huamanga, en el centro sur del país, alimentadas con desperdicios y neumáticos. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, chocaban con la policía que arrojaba bombas lacrimógenas.
El jueves se produjeron enfrentamientos entre la policía y las fuerzas de seguridad frente a dos aeropuertos, mientras que la oficina del Defensor del Pueblo contabilizó 113 bloqueos de carreteras y 56 marchas en todo el país, el mayor número diario desde que comenzaron las protestas.
Comerciantes de tiendas de comestibles limpiaban las calles llenas de piedras y de cenizas de neumáticos quemados, pero tenían previsto cerrar sus tiendas temprano antes de que comenzaran las protestas organizadas por campesinos de las aldeas rurales cercanas.
"Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú", dijo la canciller Gervasi en una mensaje por Twitter.
El pedido de prisión preventiva de 18 meses también es para el ex primer ministro del Perú Aníbal Torres, que era asesor del gobierno de Castillo y cuya localización es desconocida. Sin embargo, reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa.
Los gobernantes de 10 naciones latinoamericanas y caribeñas que conforman un mecanismo regional encabezado por Cuba y Venezuela, lamentaron la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, quien a su entender fue víctima de una operación de sus adversarios de derecha y pidieron cordura...
El presidente de Bolivia, Luis Arce, reiteró este miércoles su respaldo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta de fondos públicos, y al expresidente peruano Pedro Castillo, destituido tras un fallido golpe de Estado.
-Viernes 9 de diciembre de 2022: Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y que Boluarte sea retirada del cargo. La mandataria sostiene que deberían permitirle permanecer en el puesto durante los tres años y medio que restan del mandato de Castillo.
Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia dijeron el lunes en un comunicado conjunto que el líder izquierdista Castillo ha sido víctima de "hostigamiento" político desde asumió el poder y exhortó a Perú a "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada" en las urnas.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su antecesor Pedro Castillo se enfrascaron este martes en acusaciones mutuas sobre quién tiene la responsabilidad en la grave crisis social que ha generado el fallido autogolpe de Estado del exmandatario y la posterior asunción de la nueva gobernante.
El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”.
Colombia, Argentina y Bolivia se suman así a la defensa que México viene haciendo desde los sucesos y las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que había autorizado dar asilo a Castillo, a la vez que retrasó el reconocer a Boluarte como presidente.
En un comunicado conjunto los cuatro gobiernos expresaron una “profunda preocupación” por la remoción y detención de Castillo, a quien aún reconocen como presidente de Perú, y solicitaron que le sean respetados los derechos humanos y garantizada la protección judicial.
La hondureña Xiomara Castro, esposa del derrocado exmandatario Manuel Zelaya (2006-2009), gobierna en el país centroamericano desde enero pasado y Mia Mottley, primera ministra (jefe de Gobierno) de Barbados desde 2018, fue reelegida en enero pasado en unos comicios anticipados.
Desde el Gobierno de Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, pidió defender la democracia e indicó que "seguirá de cerca los acontecimientos" que vayan ocurriendo en el país y que su país "actuará de acuerdo a los deseos y aspiraciones del pueblo peruano".
La democracia se está erosionando en todo el mundo porque la gente pierde la fe en la legitimidad de las elecciones y percibe una reducción de la libertad de expresión, entre otros problemas, según un organismo global fundado para fomentar la democracia en todo el mundo.
Hace dos semanas esa subcomisión aprobó un informe donde consideró que Castillo cometió el delito de traición a la patria durante una entrevista en enero con la televisora CNN En Español cuando dijo que consultaría a la población peruana para otorgar una posible salida al mar a Bolivia.
Un cabildo multitudinario en la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, decidió el domingo continuar con las protestas luego de tres semanas de huelga indefinida por la realización de un censo de población en 2023.
El gobernador Luis Fernando Camacho se reunió con el jefe de la policía para pedirle que no arremetan contra los manifestantes que exigen que se realice el censo de población en 2023. No hubo un reporte de detenidos, ni de heridos por los enfrentamientos de la jornada.
