Ambos presentaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos sus informes realizados a distancia -el Gobierno no les permite la entrada en el país- sobre la situación de los derechos humanos en Birmania (Myanmar) y especialmente en los estados de Kachin, Shan y Rakáin.
"Sin embargo, hoy el mundo se ha vuelto ciego y sordo ante las tragedias humanas. Con anterioridad, las cosas se movían cuando se mostraban imágenes de muertos y destrucciones, pero en la actualidad se ha convertido en una rutina. Es decir, la lógica militar prevalece sobre la lógica política".
En ese sentido, ACNUR, junto a sus socios humanitarios, desarrolla todos los esfuerzos posibles para llevar ayuda a quienes la necesiten, pero recordó que el acceso a los habitantes de zonas asediadas o de difícil acceso sigue siendo "lamentablemente inadecuado".
"La situación continua provocando una enorme preocupación desde la perspectiva de los niños", dijo Cappelaere que puso sus esperanzas en la resolución tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aboga por una pausa humanitaria de al menos 30 días.
Shlomo Mor Yosef, el director general de Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras del Ministerio de Interior israelí, responsable del plan de deportación de miles de inmigrantes africanos, dijo hoy que "el Estado de Israel utilizará todas las herramientas para convencerlos de que se vayan".
Esta represión se dirige sobre todo contra periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos y ha hecho desaparecer "en gran medida las críticas al Gobierno en los medios de comunicación audiovisuales e impresos", subrayó AI en su informe anual.
En su anterior informe, Amnistía Internacional alertó del discurso del odio como amenaza a los derechos humanos y en este constata que "el mundo está viendo las terroríficas consecuencias de esa retórica", que puede "normalizar la discriminación masiva contra grupos marginados".
Las operaciones, que respondieron al asalto a una treintena de puestos policiales y fronterizos por parte de un grupo insurgente rohinyá, fueron calificadas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una "limpieza étnica de manual".
En el apartado migratorio, Amnistía Internacional denuncia medidas como el muro en la frontera con México o el fin del programa DACA que protege de la deportación a 690,000 jóvenes llegados a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como "soñadores".
El conflicto es parte de un empeoramiento de la crisis humanitaria en el Congo. La violencia provocada por milicias se ha incrementado desde que el presidente Joseph Kabila se rehusó a dejar el poder cuando finalizó su mandato constitucional en el 2016.
"Están siendo sindicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los EU luego de ser identificados por su trabajo de defensa pública para defender los derechos de los inmigrantes y la justicia social", indicó.
Los vacíos en los datos sobre refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y desplazados internos ponen en peligro la vida y el bienestar de millones de niños, advirtieron agencias de las Naciones Unidas y otros organismos.
"Nos horrorizó ver que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza abusan de su mandato y autoridad para abordar arbitrariamente un autobús para exigir a todos los pasajeros identificarse y mostrar su documentación", manifestaron los legisladores en una declaración conjunta.
El Instituto Nacional de Migración de México violó los derechos humanos de 122 indocumentados centroamericanos, incluidos menores de edad, al alojarlos en instalaciones en el oriental estado de Veracruz no reconocidas como recinto migratorio.
Unicef trataba en esa región a finales de agosto de 2017 a 4,800 niños que sufrían desnutrición aguda severa, pero tras la represión, las autoridades denegaron el acceso a todas las agencias humanitarias de la ONU, por lo que Unicef desconoce el paradero y la situación de estos menores.
La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado también repetidas veces que existen pruebas claras sobre los abusos, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de "limpieza étnica" afirmando que hay indicios de "genocidio".
California se convirtió el 1 de enero en el primer llamado Estado santuario de Estados Unidos: todos sus cuerpos de policía locales y estatales tienen prohibido colaborar con la policía de inmigración federal excepto en una serie de casos predefinidos.
