El presidente Andrés Manuel López Obrador salió el lunes en defensa del Ejército tras la difusión de nueva información sobre el papel de los militares en la desaparición y ocultamiento de los cuerpos de 43 estudiantes en 2014 y descartó que las detenciones de algunos oficiales puedan afectar...
El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.
Así lo anunció la Secretaría de Gobernación en un comunicado en el que indicó que el viernes se presentó una denuncia contra el juez de la ciudad norteña de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.
Un grupo de manifestantes atacó el viernes con potentes petardos y derribó las rejas de un complejo militar de la capital mexicana tras una protesta que se realizó en la instalación previa a otro aniversario de la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace ocho años en el sur de México.
El proceso de Ayotzinapa tuvo un giro el mes pasado luego que la Comisión de la Verdad difundió un nuevo informe que consideró el caso como un “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Un grupo de manifestantes destruyó el miércoles cámaras de seguridad y pintó grafitis en la fachada de la embajada de Israel en la capital mexicana, incidente que fue condenado por las autoridades diplomáticas israelíes.
Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, informó el jueves el gobierno.
Encinas denunció que el mismo juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos” fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.
En plena polémica por la creciente militarización de México y en vísperas de que el Congreso vote cambios legales para prolongar las labores de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, el jefe del ejército mexicano lanzó el martes un discurso en el que consideró como “comentarios...
En México se sitúan en estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Jalisco, donde hay una fuerte actividad de la delincuencia organizada pero también en lugares como Chiapas o Oaxaca, donde la presencia de grupos armados se une con problemas comunitarios de décadas.
Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.
Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, que quedó aprobada pasada la medianoche, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el ejemplo más reciente de las...
Luis María Aguilar, uno de los magistrados de la Corte, argumentó que la prisión preventiva equivale a una sentencia ejecutada de antemano y señaló que algunos cargos conllevaban sentencias de apenas unos meses, mucho menos que el tiempo que la mayoría de las personas pasan en espera de juicio.
El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Jan Albert Hootsen, expresó que la organización ya se comunicó con el medio donde Román publicaba sus columnas, y que le informaron que no tenían conocimiento de amenazas previas.
La detención del exfuncionario se da un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijera que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado».
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
