Los habitantes de un pequeño poblado del norte de México comenzaron a limpiar las calles el lunes, luego de un intenso tiroteo entre efectivos de seguridad y miembros del crimen organizado que dejó 22 muertos el fin de semana.
Cuando docenas de camionetas llenas de hombres con armas de grueso calibre irrumpieron en Villa Unión, en el estado norteño de Coahuila, los vecinos de la pequeña localidad cerca de la frontera estadounidense empezaron a darse cuenta de que eran el blanco de una invasión de escala militar.
La cifra de muertos por un enfrentamiento el fin de semana entre miembros de un cártel de narcotráfico fuertemente armados y las fuerzas de seguridad aumentó a 22, informó el lunes el gobernador del estado de Coahuila, en el norte de México.
La fiscalía mexicana ha informado este domingo de la detención de “varios individuos”, presuntamente implicados en la matanza de los Langford-LeBarón, a principios de noviembre. Según fuentes del Gobierno federal “son al menos tres”, aunque el número total podría ser mayor.
Un año más tarde, la situación es sin embargo igual o peor. Los programas sociales de López Obrador funcionan desde hace meses, igual que la Guardia Nacional, pero los resultados no llegan. Y lo que es más preocupante, el aparato de seguridad demuestra una falta de coordinación alarmante.
La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó el jueves la alerta de género en la capital, una declaración que activa una serie de herramientas para combatir la violencia contra las mujeres.
Las Fuerzas Armadas de México refrendaron este miércoles su lealtad al presidente y comandante supremo, Andrés Manuel López Obrador, y dejaron claro que no buscan beneficios personales ni protagonismos, dado que su labor es por el bien de México.
La política se ha colado en uno de los temas que más unidad deberían lograr en México, la paz. El debate sobre la pacificación del país en el momento más violento de su historia ha entrado en el territorio de la crispación, que guía buena parte de la discusión pública.
A un mes del operativo militar en Culiacán Sinaloa, que resultó en un repliegue y evasión de Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema a partir de las implicaciones políticas que tuvo.
La Fiscalía General de la República, con apoyo en diversos órganos del Estado mexicano, lanzó una ofensiva contra jueces ligados a la mafia de las drogas y a actos de corrupción, comenzando con 12 magistrados del occidental Estado de Jalisco.
Hombres armados desataron el caos en Nuevo Laredo, ciudad mexicana que hace frontera con Laredo, Texas, bloqueando avenidas importantes, incendiando vehículos y enfrentándose con soldados en tiroteos que dejaron un presunto agresor muerto.
La delincuencia organizada cambió su "modus operandi" para enfrentar la forma de afrontar la ofensiva del gobierno en su contra y ahora no sólo dirige sus ataques contra sus enemigos sino también contra civiles, que suelen ser aterrorizados en las calles por hombres armados.
Mientras 850 elementos de fuerzas de seguridad local, estatal y federal se preparaban para emprender una redada en una enorme prisión estatal del norte de México, los reos orquestaron una ola de caos afuera de la cárcel de Ciudad Juárez.
Al menos 16 eventos de extrema violencia en los últimos 11 meses, los primeros de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, han sometido a una fuerte presión la estrategia adoptada por el Gobierno federal para reducir la violencia.
El horror ha llegado a tal punto en México que los adjetivos para describir las matanzas se repiten. La mera información es ya de por sí tan dolorosa que contiene el aliento: al menos seis niños y tres mujeres de una comunidad mormona, fueron asesinados este lunes en una remota región fronteriza.
La tragedia ha golpeado con fuerza nuevamente a la familia LeBarón, un gran clan mormón que vive en Galeana, Chihuahua, al norte de México. En 2009, Julián LeBarón se convirtió en un improbable defensor de los derechos humanos en el nivel nacional.
Fuertes fricciones entre el presidente Andrés López Obrador y su gabinete civil y las Fuerzas Armadas comienzan a aflorar en México, a raíz de la fallida operación para detener al hijo del famoso jefe del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán, el pasado 17 de octubre.
Lo que realmente interesa a las autoridades de Estados Unidos de uno de los hijos del capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora preso, es combatir su negocio del fentanilo, señalaron el viernes funcionarios de seguridad mexicanos.
Más que apagarse, las llamas del operativo Culiacán arrecian en México y amenazan con chamuscar la credibilidad del Gobierno. Tras el ejercicio de transparencia del miércoles, con datos, horas, videos e imágenes de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, llegó el turno de las preguntas.
El fracaso de la operación para capturar a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, seguido de días de explicaciones cambiantes por parte del gobierno, ha expuesto no tanto que México tiene una estrategia fallida de seguridad, sino en realidad ninguna, a decir de expertos.
