En el Diario Oficial de la Federación del pasado 7 de junio se publicó el decreto promulgatorio de una amplia reforma judicial. En el artículo decimotercero transitorio se dispuso que, con el fin de implementar la propia reforma, “la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la...
Al día de hoy hay un saldo oficial de más de 220,000 muertes por COVID-19 y un impacto social y económico de proporciones aún incalculables. Pero aún es incierto el saldo de impunidad social que dejará en un país como México en el que la justicia, desde antes del coronavirus, ya estaba en agonía.
Ello no quiere decir en modo alguno que se le esté absolviendo de los delitos por los que la Fiscalía General de la República lo acusó, sino que los mismos le podrán ser imputados en un proceso una vez que haya dejado de ocupar cargos que le otorguen la inmunidad.
Entre las fallas más recurrentes con las que se encuentran los magistrados consultados en las audiencias y que acaban resolviendo con una absolución destacan las detenciones arbitrarias, sin delito flagrante (demostrado) ni una orden judicial; los cateos o inspecciones en domicilios sin una orden.
En la esencia de la aspiración democrática de ejercer el poder público se anida el conjunto de propuestas sobre lo que se desea hacer.
Hasta para un espacio dedicado al análisis de la realidad judicial en torno a la garantía de los derechos humanos, existen sucesos que irrumpen de tal manera que no parece aconsejable que pasen desapercibidos, menos si incendian los cimientos del orden constitucional.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad analizó los vínculos familiares entre los empleados de la judicatura en México, desde los cargos más altos hacia abajo, y halló que el 51% de los jueces y magistrados estaban relacionados con al menos otra persona que trabaja en el poder judicial.
