uego de trabajar todo un verano en Las Vegas, donde cargó cajas y muebles para reunir el dinero necesario para su solicitud de ciudadanía estadounidense, Jose Silva reunió los 725 dólares e hizo el pago a finales de 2017, unos días antes de cumplir 18 años.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice que está instalando alambrado de púas en los puntos de entrada de Texas al otro lado de Ciudad Juárez, México, donde grandes grupos de inmigrantes aguardan con la esperanza de pedir asilo.
Meses después de que el gobierno de Donald Trump anunció el fin de la separación generalizada de niños inmigrantes de sus padres, esta política se sigue discutiendo acaloradamente en las cortes, donde los defensores de los migrantes aseguran que continúa la separación innecesaria de las familias.
Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica anunciaron el miércoles un plan para tratar de combatir las redes de tráfico de personas, mientras que Washington urgió nuevamente a los líderes a detener la formación de caravanas que buscan llegar a su territorio.
El agente fronterizo, identificado en la demanda como Paul A. O’Neal, detuvo a las mujeres, Ana Suda y Martha Hernandez, en una tienda de conveniencia en Havre, Montana, la noche del 16 de mayo de 2018.
Si hay una emergencia en la frontera con México, en este lugar no queda claro de qué lado están los problemas. A las nueve de la mañana de un sábado, los que cruzan en grandes grupos el puesto fronterizo de Los Algodones son jubilados blancos norteamericanos y canadienses en dirección a México.
Este primer grupo, que ingresó el miércoles a México por Tijuana -donde cientos de migrantes esperan para solicitar asilo en Estados Unidos-, consta de cinco familias procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, que en total suman 16 personas, algunas de las cuales son menores de edad.
Defensores de los derechos de los migrantes han presentado una demanda colectiva contra el Gobierno estadounidense por su decisión de poner fin al régimen de protección humanitaria para más de 100,000 personas de Honduras y Nepal.
En espera de una visa humanitaria que no llega y sin dinero, decenas de migrantes que salieron hace semanas de Centroamérica en caravanas han comenzado a cruzar a pie el extenso Río Bravo que divide a México de Estados Unidos para entregarse ante autoridades estadounidenses y pedir asilo.
Negociadores chocaron el domingo en torno a si se debe limitar el número de inmigrantes que las autoridades pueden detener, creando un nuevo obstáculo para los legisladores que buscan una solución negociada sobre seguridad fronteriza para que el Congreso la apruebe la próxima semana.
Las negociaciones de los legisladores estadounidenses sobre seguridad fronteriza para evitar otro cierre del gobierno colapsaron por diferencias en políticas de detención a migrantes, dijo el domingo un senador republicano.
"No es fácil irte de un sitio de donde no te quieres ir. Dejar a tu familia. Dejar a tu mamá, a tus amigos, hasta a tu pareja. Me pone muy triste", comenta a Europa Press Andrea Fonseca, una joven venezolana que migrará en unos días a Argentina.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que registró 58.207 arrestos o rechazos de ingreso. Es una caída de 4% en comparación con diciembre pero un aumento de 62% en comparación con enero de 2018. Es el segundo declive consecutivo mes a mes.
Algunos de los migrantes dicen sentirse agradecidos y tranquilos en ese lugar habilitado como albergue temporal. Otros no tanto, como un migrante que cuando vio que iban a ingresar nuevos compañeros les gritó desde detrás de la reja que no entraran.
La alimentación forzada de inmigrantes dentro de un centro de detención de Texas podría violar la Convención de la ONU contra la Tortura, dijo el jueves la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.
El alcalde Kevin Faulconer dice que el crecimiento económico de la ciudad está ligado a la inmigración en una ciudad donde uno de cada cuatro residentes es extranjero.
Desde su campaña a la presidencia, Donald Trump ha insistido en la necesidad de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, supuestamente para detener el flujo de migrantes y crimen procedente del sur.
Hablando ante una sesión conjunta del Congreso un mes después de asumir la presidencia, Trump anunció la creación de una línea telefónica especial para las víctimas de delitos cometidos presuntamente por inmigrantes.
Decenas de migrantes iniciaron el viernes el retorno hacia su país por vía terrestre desde Ecuador, acogiéndose a una nueva modalidad del plan retorno del Gobierno de Venezuela y con la esperanza de que las cosas cambien en la nación petrolera, que sigue inmersa en una profunda crisis económica.
Una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump, que obliga a algunos solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos entró en vigor el 29 de enero.
