Autoridades mexicanas informaron este lunes del arresto de dos de los presuntos responsables del secuestro de Lorenza Cano, madre buscadora de desaparecidos que aún está ilocalizable, así como del asesinato de su esposo y su hijo en el municipio de Salamanca.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes las acusaciones de Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.
La crisis de desapariciones en México es también una situación “grave” para migrantes que pasan por el país, pues muchos no cuentan con un documento que los identifique y el Gobierno los invisibiliza, señalaron este viernes activistas durante una protesta en la capital mexicana.
Los colectivos de familias de personas desaparecidas del estado de Sonora (noroeste de México), acusaron el lunes al gobierno de desinterés e insensibilidad, tras el hallazgo de 26 fosas clandestinas en el estado el pasado fin de semana, y denunciaron la falta de atención ante esta crisis.
El gobierno se ha comprometido a construir unas tres docenas de cuarteles para la Guardia Nacional cuasi militar en Acapulco. Pero incluso con los soldados en las calles, la violencia relacionada con el narcotráfico que ha asolado a Acapulco durante casi dos décadas parece haber continuado.
Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, indicó que el mecanismo internacional "también podría usarse en otros casos y facilitar la búsqueda de las más de 110,000 personas actualmente desaparecidas" en México.
El gobierno mexicano anunció el jueves que su polémico esfuerzo para buscar a personas falsamente catalogadas como desaparecidas ha detectado a 16.681 individuos que habían regresado a sus hogares sin haber notificado a las autoridades.
Cuatro fueron los periodistas asesinados en México en 2023, lo que supone un descenso respecto a los 11 de 2022, pero el país se mantiene como el más peligroso en zona de paz para ejercer la profesión periodística y en el cómputo global solo fue superado por Palestina
A propósito de su libro "La masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado", el escritor mexicano Juan Cedillo aseguró este lunes que México no estará en paz, mientras los gobiernos usen la violencia para impulsar sus campañas políticas.
El gobierno de México está invirtiendo recursos en detectar lo que sugiere que son personas desaparecidas “falsas”: casos reportados por opositores políticos para avergonzar al gobierno, o personas secuestradas que regresan a su hogar, pero no notifican a las autoridades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insiste a México que rompa "el pacto de silencio" de las autoridades que impide resolver el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014, tiene desde el jueves un poco más cerca la posibilidad de seguir sus procesos penales en su casa.
En otro caso que implica a militares, el Centro Prodh también elogió la condena a 90 años de cárcel a cinco uniformados por el asesinato de estudiantes hace 13 años. “Saludamos el paso hacia la justicia.. que muestra los riesgos de la militarización”, señaló el Centro Prodh el miércoles.
Son las ocho de la noche de un domingo y Crystal P. Lira no atiende los mensajes. Su atención está puesta en la mujer que acudió a su organización pidiendo un espacio seguro para abortar.
Durante su sexenio que culmina el próximo año, el mandatario mexicano ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como un tren en el sur del país y varios aeropuertos, así como la gestión de las aduanas y trenes, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública
Los expertos indicaron que su labor de investigación fue fundamental para demostrar la llamada “verdad histórica”, que se utilizó en el anterior sexenio para alegar que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.
Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de dos estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
A este reclamo, Encinas, que habita posturas distintas sobre el Ejército de las que maneja López Obrador, dio la razón a las familias. Entendió que ese era el punto y se mostró empático. El entendimiento del presidente de la comisión a este reclamo no ha surtido efecto de momento en López Obrador.
El Secretario General y los Estados miembros de la OEA, que enviaron a los investigadores internacionales para apoyar el compromiso inicial de López Obrador con la justicia, deberían instar al presidente a que cumpla su palabra y presione a los militares para que cooperen.
