La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes interpusieron el jueves una demanda en un tribunal federal contra el gobernador de Florida Ron DeSantis y otros funcionarios sobre la constitucionalidad del programa de reubicación de migrantes del estado.
Las autoridades trasladaron a los migrantes a la estación migratoria Siglo 21 para invitarlos a tramitar su Forma Migratoria Múltiple (FMM), un documento con el que pueden permanecer de forma legal en el estado de Chiapas, pero que les impide transitar a otros estados.
“Como colectivo están observando y documentando, es que no hay vías para la regularización migratoria para que las personas puedan ingresar de manera regular y puedan acceder a documentos, por lo contrario, persiste la contención, detención migratoria y deportaciones”.
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.
Las autoridades mexicanas continúan atendiendo a cientos de personas en el módulo de atención provisional, donde les explican que para obtener este documento deben contar con la hoja de salida emitida por la estación migratoria Siglo 21 para que tengan este documento por 30 días.
"Es una situación muy difícil a lo largo de todo el camino migratorio, desde su punto de salida hasta su punto de destino, pasando por nuestra región, muchas veces por la zona del Darién (en Panamá) donde está en peligro la integridad física y la vida de muchas de estas personas", acotó.
El objetivo, dijeron las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), es poder regularizar la estancia de los indocumentados en México y entregarles sus documentos migratorios, por lo que, desde esta tarde, han empezado a llegar decenas de extranjeros a solicitar información.
De acuerdo con las autoridades migratorias de Guatemala, la política "anticovid" que activó el expresidente Donald Trump en las fronteras, que les permite la expulsión inmediata de aquellos que intenten ingresar al país sin visa se aplicó a 31,000 guatemaltecos este año.
Pero los grupos de haitianos están junto a otros grupos de migrantes, como colombianos y venezolanos, además de africanos, quienes se han instalado de manera informal en la plaza principal de Tapachula para intercambiar divisas, como dólares, quetzales, euros y hasta lempiras por pesos mexicanos.
Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
Un grupo de más de 350 migrantes abandonados es descubierto en un campamento clandestino en una zona montañosa del sur de México donde esperaban para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entre los indocumentados había niños y mujeres y al menos siete nacionalidades de América Latina.
La agencia federal y los representantes consulares consideran que es de suma importancia que el mensaje llegue a los migrantes y sus familiares ante el aumento del flujo migratorio y el récord en el número de muertes registradas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Más de 164,800 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados, principalmente desde Estados Unidos y México, entre enero y septiembre pasado, un 93,5 % más que en 2021, según datos de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) consultados este viernes por EFE.
El 40,3 % (62.250) de los inmigrantes que ingresaron a Honduras entre enero y el 16 de noviembre son de nacionalidad cubana, 33,2 % (51.295) venezolanos, 9 9 % (15.232) ecuatorianos, 5,1 % (7.993) haitianos y el 1,4 % (2.099) colombianos, detalla la institución hondureña.
Las autoridades de seguridad y migración de México han reforzado sus patrullas, puntos de revisión y operativos en el sur del país desde que Estados Unidos comenzó a expulsar a migrantes venezolanos el mes pasado.
Los activistas que los recibieron con abrigos y frazadas a su arribo en la madrugada de un día frío y lluvioso dijeron que los individuos y las familias provenían de Colombia, República Dominicana y Cuba. La ciudad y varias ONG los esperaban con alimentos, alojamiento temporal y otros servicios.
Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
Grupos defensores de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.
Las autoridades estadounidenses efectuaron en octubre 277.464 detenciones de migrantes indocumentados, 73 % de ellas en la frontera suroeste, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
