Los expertos indicaron que su labor de investigación fue fundamental para demostrar la llamada “verdad histórica”, que se utilizó en el anterior sexenio para alegar que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.
Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de dos estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
A este reclamo, Encinas, que habita posturas distintas sobre el Ejército de las que maneja López Obrador, dio la razón a las familias. Entendió que ese era el punto y se mostró empático. El entendimiento del presidente de la comisión a este reclamo no ha surtido efecto de momento en López Obrador.
El Secretario General y los Estados miembros de la OEA, que enviaron a los investigadores internacionales para apoyar el compromiso inicial de López Obrador con la justicia, deberían instar al presidente a que cumpla su palabra y presione a los militares para que cooperen.
La dependencia ha señalado igualmente que durante el encuentro “se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el Gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer, lo que se llamó pacto de silencio. Entonces, todo eso lo estamos enfrentado y hemos avanzado bastante”, destacó el mandatario.
Las divergencias se profundizaron en las últimas horas luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.
Estudiantes vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, sur de México, e incendiaron una camioneta, como parte de las protestas que llevan a cabo a días del noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre próximo.
La Secretaría de Gobernación informó que los resultados de la investigación en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Ayotzinapa, en el actual gobierno “no tienen precedente”, y que muestra de ello es “la clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos”.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves que las Fuerzas Armadas sí cooperan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las acusó de obstruir la investigación.
Al menos 27 cuerpos han sido hallados en más de una decena de fosas clandestinas en la ciudad mexicana de Reynosa, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, según ha informado el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas.
La idea de la tregua, aunque pudiera parecer ingenua, es obra de la desesperación en un país con más de 110,000 personas desaparecidas y que cuenta con autoridades policiales y forenses desbordadas por la violencia y los restos de más de 50,000 personas sin identificar.
Una camioneta de la Fiscalía del Estado de Jalisco fue alcanzada por una mina cuando transitaba en el cruce de las calles Flaviano Ramos y Abasolo, en el norte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los grupos criminales del país que tomen la iniciativa y abandonen las actividades ilícitas, como lo han pedido las asociaciones de madres buscadores de desaparecidos que buscan un pacto de paz.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que envió una segunda carta al gobierno de Israel solicitando la extradición de un exfuncionario acusado de manipular las investigaciones sobre la sonada desaparición de 43 estudiantes en 2024 en el sur del país latinoamericano.
“Parte de los actos de investigación y de las diligencias nos traen precisamente a este punto”, dijo Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal estatal de Jalisco, el miércoles en un encuentro con periodistas. Además, el funcionario precisó que en las bolsas se encontraron partes de cuerpos de hombres y mujeres.
El alcalde de Iguala cuando 43 estudiantes desaparecieron en esa ciudad del sur de México en 2014 y uno de los principales acusados del caso que conmocionó al país y al mundo fue exonerado por la justicia del secuestro de los jóvenes, informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Baja California es también uno de los estados donde más se cometen homicidios dolosos en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. Entre enero y abril pasado se registraron allí 721 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales.
Las autoridades estatales del centro-norte de México buscaban el jueves por tierra y aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que fueron denunciadas como desaparecidas a su paso por el estado de San Luis Potosí, pero en esas labores se localizó a otras 51 supuestas víctimas.
