“La decisión del gobierno de Biden de apelar no es sorprendente dada su enérgica defensa de la política en los últimos dos años”, señaló en un correo electrónico Lee Gelernt, abogado para la Unión Americana de Libertades Civiles y principal abogado del litigio de la organización contra el Título 42
Las deportaciones hacia Haití parecen haber disminuido a medida que las condiciones se han deteriorado en el país caribeño. Witness at the Border, un grupo que lleva registro de las deportaciones, señaló el lunes que el gobierno no ha realizado vuelos de deportación a Haití desde el 6 de septiembre
La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.
Faría, que habló ayer ante el Consejo de la OIM, explicó que el Gobierno creó una Comisión Nacional de Migraciones que busca "actualizar, modernizar y robustecer las políticas migratorias" en el territorio y, agregó, "la atención de nuestros migrantes donde se encuentren".
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.
"Es una situación muy difícil a lo largo de todo el camino migratorio, desde su punto de salida hasta su punto de destino, pasando por nuestra región, muchas veces por la zona del Darién (en Panamá) donde está en peligro la integridad física y la vida de muchas de estas personas", acotó.
De acuerdo con las autoridades migratorias de Guatemala, la política "anticovid" que activó el expresidente Donald Trump en las fronteras, que les permite la expulsión inmediata de aquellos que intenten ingresar al país sin visa se aplicó a 31,000 guatemaltecos este año.
El subsecretario no ofreció detalles sobre los nuevos planes para procesar a los solicitantes de asilo en la frontera pero garantizó que el plan “aprovecha todos los recursos del gobierno” y agregó que conlleva trabajo conjunto con México para luchar contra los traficantes.
Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
Más de 164,800 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados, principalmente desde Estados Unidos y México, entre enero y septiembre pasado, un 93,5 % más que en 2021, según datos de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) consultados este viernes por EFE.
"Este periodo de transición es crítico para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda continuar su misión de mantener la frontera segura y llevar a cabo las operaciones fronterizas de manera ordenada", escribió el juez en la orden.
“El anhelo que todos tenemos es pasar, el frío es bastante fuerte y nos toca aguantar. Cuando uno sale de su casa se arriesga a lo que sea para un mejor futuro de sus hijos. Yo no voy a cruzar hasta que sea algo oficial, mi familia y yo tenemos la fe en que Dios no nos va a desamparar", dijo.
Uno de estos casos es el del venezolano Adrián Cázares, de 23 años de edad y procedente de Maracaibo, de donde emprendió un viaje por tierra a Estados Unidos que se interrumpió con las restricciones que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció el 12 de octubre.
Activistas a favor de los inmigrantes llevan años pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses.
La esperanza se asoma en la frontera con Estados Unidos tras una semana del anuncio del Gobierno mexicano de dar por terminado el programa “Quédate en México”, con lo que activistas esperan un alivio para los albergues y migrantes confían en resolver sus procesos de asilo.
Los problemas judiciales no terminan aún para el expresidente, que tiene otros dos frentes abiertos en torno a las cuentas de su empresa: una demanda por fraude fiscal con la Fiscalía de Manhattan y a otra por exagerar los activos, abierta por la Fiscalía de Nueva York.
Sin embargo, días atrás ambos gobiernos anunciaron un nuevo plan fronterizo que, entre otras cosas, permite que algunos migrantes venezolanos ingresen temporalmente a territorio mexicano bajo el Título 42, un programa que permite a autoridades estadounidenses enviar a México a migrantes.
El Gobierno de EE. UU. ha tomado además varias medidas en los últimos meses para avanzar en la normalización de la cuestión migratoria, como el incremento paulatino de sus servicios consulares en la isla y el restablecimiento de un programa de reunificación familiar, suspendido desde 2017.
La Oficina de Recuperación del Departamento del Interior de Estados Unidos envió la semana pasada una carta en la que le pedía a Arizona que retirara los contenedores, alegando que no estaban autorizados y que violaban la legislación estadounidense. Arizona se negó a acatar la solicitud.
"Estamos preocupados sobre la expansión de este proceso de Título 42, especialmente porque está en contra de las normas internacionales y la habilidad para una persona de solicitar asilo en un país", expresó Dana Graber Ladek, jefa de misión de la OIM en México, en una entrevista con EFE.
