Un abogado trató el lunes de asegurarle a la Corte Suprema de Reino Unido que el gobierno británico había analizado adecuadamente los riesgos de enviar a migrantes a Ruanda y que tendrá personas “en el terreno” para asegurar que sus derechos sean respetados.
Procedente de México y Ecuador, Adams tenía previsto acudir el sábado a Necoclí, un pequeño pueblo costero del Caribe colombiano que desde hace varios años sirve de paso a migrantes de distintas nacionalidades y que es la puerta de acceso al Darién, una inhóspita selva que une Colombia con Panamá.
Las agencias de la ONU señalaron que Afganistán atraviesa una grave crisis humanitaria, sobre todo para las mujeres y las niñas, a quienes los talibanes prohíben acceder a la educación más allá del sexto grado, a la mayoría de los espacios públicos y a muchos empleos.
“Nuestra política sólo se refiere a... las personas que están aquí ilegalmente, sin importar su nacionalidad”, añadió. “Pero, desafortunadamente, ha habido un malentendido o una tergiversación y por alguna razón la gente ha empezado a asociar el asunto con los refugiados afganos”.
Patricia Andrade, una de las fundadoras de la organización de asistencia humanitaria Venezuelan Roots, en Miami, se mostró incrédula ante la posibilidad de la deportación de venezolanos a gran escala, tomando en cuenta que miles de migrantes llegan a diario a la frontera sur.
Una de las primeras medidas de Biden tras asumir el cargo en enero de 2021 fue emitir una proclama comprometiéndose a que no desviar más dinero de contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, así como a revisar todos los recursos que ya se habían comprometido.
Adams visitará refugios de inmigrantes en Ecuador el viernes, y el sábado visitará el Tapón del Darién, una región selvática sin caminos a caballo entre la frontera de Colombia y Panamá que requiere varios días de peligrosa caminata para cruzarla, aunque no está claro hasta dónde llegará el alcalde
Los operativos comenzaron después de que la empresa Ferromex anunció el mes pasado la suspensión de 60 trenes de carga por la presencia de más de 4,000 migrantes en los carros y en las vías, y estampidas de miles de migrantes en las oficinas de atención a refugiados en la frontera sur.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gustavo Manrique, consideró que la visita de Adams "es de suma importancia en esta búsqueda de soluciones, en un proceso donde ganamos todos; nuestra comunidad migrante y los países de acogida también".
Mario Carranza instaló una casa móvil en un solar de 28,000 dólares en Colony Ridge, uno de los barrios más grandes de Texas, atraído por el bajo precio del terreno y la posibilidad de que su familia escapara de la delincuencia que, según él, proliferaba en los alrededores de su apartamento.
Esta solicitud es la más reciente de una larga serie de intentos por suspender esa ley, que por mucho tiempo ha hecho de Nueva York una ciudad santuario. El gobierno de Adams argumentó el martes que el convenio nunca se diseñó para una crisis humanitaria como la que enfrenta la urbe hoy en día.
Esta semana, Mayorkas, el secretario de Estado Antony Blinken, el fiscal general Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la Dra. Liz Sherwood-Randall, se reunirán con sus homólogos mexicanos en Ciudad de México para mantener conversaciones anuales sobre seguridad.
El número de inmigrantes se desplomó inicialmente tras el anuncio de la nueva norma, pero en las últimas semanas se disparó otra vez, impulsado en parte por miles de inmigrantes que huyen de Venezuela y no pueden ser deportados fácilmente debido a las frías relaciones entre Washington y Caracas.
Y añadió que la migración fuera del país en los últimos años "es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal y contraria al derecho internacional".
Defensores de inmigrantes han criticado al alcalde por este viaje, señalando que debería centrarse en manejar la crisis migratoria en la ciudad y no viajar al extranjero, lo que costará dólares a los contribuyentes y es poco probable que produzca soluciones reales a la crisis migratoria.
Desde mayo de este año, la Administración estadounidense impuso una serie de medidas que restringen el acceso al asilo en la frontera y que buscan que las personas reserven una cita en una aplicación móvil, llamada CBP One, para pedir la protección en los diferentes puertos de entrada.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano señaló que este acuerdo fue alcanzado luego de varias "conversaciones sostenidas" con autoridades estadounidenses, y señaló que "desplegará, a través de su programa 'Vuelta a la Patria', los recursos necesarios para la atención integral" de los repatriados.
De acuerdo con el alcalde Eric Adams, el flujo de emigrantes a la ciudad la enfrenta a un déficit de 12,000 millones de dólares, y aunque ha pedido al tribunal que deje sin efecto la obligación de la ciudad de dar albergue, el tribunal aún no ha contestado.
Washington ha insistido en que Maduro debe tomar medidas hacia elecciones libres antes de considerar cualquier otro alivio significativo de las sanciones, aunque Estados Unidos ha enfrentado llamados de algunos gobiernos latinoamericanos para tomar tales medidas sin más demora.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió este jueves que es "seguro" regresar a Venezuela para aquellos migrantes que llegaron a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no califican para un programa de ayuda humanitaria.
