Además, el Ejecutivo ha cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, mientras que la Policía ha allanado una parroquia y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.
Entre las afectadas se encuentran la Fundación Niños Abandonados de Nicaragua, que operaba desde 2001, y que, de acuerdo con la cartera de Gobernación, no reportaron sus estados financieros del periodo 2020-2021, y tenía su junta directiva vencida desde hace un año.
Según declaraciones del canciller colombiano Álvaro Leyva en España -donde reside Ramírez también con nacionalidad española-, él aceptó el ofrecimiento de Colombia. El escritor replicó el mensaje en Twitter del canciller donde se informaba de que había aceptado la nacionalidad colombiana.
Opositores excarcelados y desterrados de Nicaragua denunciaron el viernes que el gobierno de Daniel Ortega les ha suspendido el pago de sus jubilaciones, medida que también fue aplicada a los exiliados.
De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno de Managua sobre el fuerte comunicado de Colombia que hace un año ordenó el regreso de su embajador en Managua en protesta por las declaraciones de Ortega, quien calificó a la nación sudamericana como un "narcoestado".
"El expresidente Mauricio Funes es enviado a juicio por aceptar una avioneta como dádiva a cambio de conceder la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, a una empresa guatemalteca", publicó en redes sociales la institución.
En la región, más gobiernos se han manifestado sobre la situación en Nicaragua. Ecuador hizo un llamado a Ortega para que libere a los “presos políticos” y devuelva la democracia, al tiempo que condenó la decisión de confiscar los bienes y retirar la nacionalidad nicaragüense de los exiliados.
La escritora Gioconda Belli aceptará la nacionalidad chilena ofrecida por el gobierno sudamericano tras ser despojada de su nacionalidad nicaragüense por el gobierno de Daniel Ortega, informó el jueves la cancillería chilena.
Un día después del discurso de Ortega, y pese a que el juicio estaba programado para el 15 de febrero, una jueza nicaragüense declaró al religioso "traidor a la patria" y autor de cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.
La ONU reivindicó el derecho a la nacionalidad recogido en la Declaración universal de los Derechos Humanos y dijo que "nadie debería ser despojado de ella arbitrariamente" además de condenar la "persecución o represalia contra defensores de los derechos humanos o personas críticas" con el Gobierno
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente chileno, Gabriel Boric, envió el sábado "un abrazo fraterno a Gioconda (Belli), Sergio (Ramírez), Sofía (Montenegro), Carlos (Fernando Chamorro) y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense".
Frente a su esposa, su bebé recién nacido y su hijo adolescente, fue detenido por policías antimotines armados que llegaron en tres patrulleros a su casa y sin orden judicial ni explicaciones lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, un día antes de los comicios del 6 de noviembre de 2021.
Si bien la decisión final y "soberana" correspondió a Ortega, estimó que la puesta en libertad de 222 presos políticos tuvo que haber implicado intercambios diplomáticos con el embajador estadounidense en Nicaragua, Kevin Sullivan, así como con el Departamento de Estado del país norteamericano.
"Vamos a hacer todo lo que sea necesario para presentar este caso ante las Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos, ante los tribunales internacionales", dijo a EFE en referencia a la decisión de las autoridades nicaragüenses de retirar la nacionalidad "por traición a la patria"
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió este lunes saber cómo se encuentra el obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno de Daniel Ortega a Estados Unidos.
"Nos oponemos a pronunciamientos laudatorios como los emitidos por el Departamento de Estado de EU, en los que se presenta un hecho violatorio de derechos humanos como 'pasos positivos' para la consolidación de las relaciones entre países y el camino a la democracia", subrayaron.
Decenas de activistas quechuas y aymaras descansan en colchones sobre el piso a la espera nuevas manifestaciones contra el gobierno, mientras algunos voluntarios preparan un desayuno de arroz, pasta y verduras.
Los 94 nicaragüenses -defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros- han sido también despojados del derecho a la propiedad, acusados de delitos contra el Gobierno y declarados prófugos de la Justicia.
Director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, de Estados Unidos, Greenspon se refirió así al índice elaborado anualmente por la organización para clasificar a los países en función de sus acciones que afectan a la libertad de expresión y prensa.
En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
