El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.
Así lo anunció la Secretaría de Gobernación en un comunicado en el que indicó que el viernes se presentó una denuncia contra el juez de la ciudad norteña de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.
Un grupo de manifestantes atacó el viernes con potentes petardos y derribó las rejas de un complejo militar de la capital mexicana tras una protesta que se realizó en la instalación previa a otro aniversario de la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace ocho años en el sur de México.
El proceso de Ayotzinapa tuvo un giro el mes pasado luego que la Comisión de la Verdad difundió un nuevo informe que consideró el caso como un “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Un grupo de manifestantes destruyó el miércoles cámaras de seguridad y pintó grafitis en la fachada de la embajada de Israel en la capital mexicana, incidente que fue condenado por las autoridades diplomáticas israelíes.
La noticia del arresto de Rodríguez llega un día después de que la Cámara de Diputados votara para mantener a los soldados en las calles supervisando la seguridad pública hasta 2028, alimentando la preocupación por la cantidad de poder que el presidente López Obrador le ha dado al Ejército.
Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, informó el jueves el gobierno.
Encinas denunció que el mismo juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos” fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.
Las investigaciones iniciales dejaron entrever que un grupo de hombres armados de La Línea se disponía a emboscar y asesinar a miembros de un cártel rival. Sin embargo, los familiares de las víctimas afirman que los hombres armados debieron darse cuenta en algún momento de a quién estaban matando.
El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Jan Albert Hootsen, expresó que la organización ya se comunicó con el medio donde Román publicaba sus columnas, y que le informaron que no tenían conocimiento de amenazas previas.
La detención del exfuncionario se da un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijera que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado».
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, vivió una jornada violenta con ataques armados contra civiles y quema de varios negocios que dejaron 11 muertos, entre ellos cuatro empleados de una radio y dos presos, y una veintena de heridos en una riña en una cárcel que desencadenó la violencia.
“La intención jamás es revictimizar o criminalizar a nadie”, dijo Méndez Ruiz. “La persona que está detenida también tiene derechos”. El 6 de mayo, Padilla había solicitado una orden de alejamiento contra un vecino, que creía que estaba detrás de las amenazas.
Las autoridades han encontrado las osamentas de 23 personas en una región pantanosa del occidente de México entre Michoacán y Jalisco, dos estados donde algunos de los mayores cárteles del narcotráfico del país libran una intensa lucha por el territorio.
Un juez federal de Dakota del Norte dictaminó que un cártel mexicano del narcotráfico acusado de los asesinatos de nueve mujeres y niños de una comunidad perteneciente a una ramificación mormona debe pagar 1,500 millones de dólares a las familias de las víctimas.
