La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México expresó hoy su "preocupación" respecto a la decisión de la Suprema Corte que permite las revisiones policiales a personas sin orden judicial siempre que exista una "sospecha razonable", dado que esto puede llevar a violaciones a los derechos.
Este nuevo informe, que estudia las líneas que marcó entonces el análisis Kerner, reveló que mientras la desigualdad racial sigue en niveles parecidos a los de hace medio siglo, los índices de pobreza infantil y acceso a la vivienda entre las minorías empeoraron.
Shlomo Mor Yosef, el director general de Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras del Ministerio de Interior israelí, responsable del plan de deportación de miles de inmigrantes africanos, dijo hoy que "el Estado de Israel utilizará todas las herramientas para convencerlos de que se vayan".
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, advirtió hoy en Bogotá de que todavía persisten "situaciones autoritarias en algunos estados" del continente y el desarrollo de los derechos es "muy desigual" en la región.
"Ha sido históricamente una estrategia muy efectiva el usar a comunidades que han sido históricamente marginadas y estigmatizadas como las personas LGTBI (Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) o los pueblos indígenas para generar estas retóricas divisoras", señaló.
En su informe anual, la ONG destacó que los tribunales saudíes siguieron aplicando la pena de muerte por diversos delitos, incluidos los de "hechicería" y "adulterio", en juicios injustos y denunció que las autoridades no informaron a las familias de los condenados de su ejecución.
Se recuerda asimismo que muchos de los presos recluidos en estos campos no han sido condenados "por ningún delito reconocido internacionalmente", y que a varios se los detiene de forma arbitraria por su relación con otras personas que el Estado considera una amenaza.
Esta represión se dirige sobre todo contra periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos y ha hecho desaparecer "en gran medida las críticas al Gobierno en los medios de comunicación audiovisuales e impresos", subrayó AI en su informe anual.
El informe recoge cifras de la ONG Médicos Sin Fronteras que concluyó que el 77 % de las sobrevivientes de violencia sexual y de género atendidas entre mayo de 2015 y marzo de 2017 en su clínica especializada en Puerto Príncipe eran menores de 25 años y el 53 % menores de 18 años.
En su anterior informe, Amnistía Internacional alertó del discurso del odio como amenaza a los derechos humanos y en este constata que "el mundo está viendo las terroríficas consecuencias de esa retórica", que puede "normalizar la discriminación masiva contra grupos marginados".
Un 61 % de los menores de edad afroamericanos y un 51 % de los hispanos tienen la posibilidad de enfrentar una o más Experiencias Adversas de la Niñez (ACE, en inglés), mientras que en los blancos no hispanos el porcentaje es del 40 %, según el análisis de esa organización sin ánimo de lucro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación en Venezuela como "alarmante" en un informe divulgado el lunes en el que documentó un aumento de la pobreza, escasez generalizada, detenciones arbitrarias y torturas y llamó al Gobierno a restablecer el orden constitucional.
El Business & Human Rights Resource Centre, con sede en Londres, sostuvo el martes que documentó 388 ataques contra activistas en 2017, incluidos golpes, amenazas, demandas y detenciones arbitrarias, un 34 por ciento más que en el año anterior.
Con la aprehensión de Aristiguieta sube a 14 el total de "detenciones políticas solo esta semana", según indicó en Twitter Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, la ONG que asiste legalmente a casi todos los considerados "presos políticos" en la nación caribeña.
En octubre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se había respetado la presunción de inocencia de Sánchez y reenvió el caso a un tribunal colegiado para que dictara una nueva sentencia que ha sido dada a conocer hoy y que ha ordenado su libertad.
El Instituto Nacional de Migración de México violó los derechos humanos de 122 indocumentados centroamericanos, incluidos menores de edad, al alojarlos en instalaciones en el oriental estado de Veracruz no reconocidas como recinto migratorio.
Unicef trataba en esa región a finales de agosto de 2017 a 4,800 niños que sufrían desnutrición aguda severa, pero tras la represión, las autoridades denegaron el acceso a todas las agencias humanitarias de la ONU, por lo que Unicef desconoce el paradero y la situación de estos menores.
