Más de 14 millones de mexicanos están llamados a las urnas el domingo en dos estados donde no ha habido alternancia política porque llevan casi un siglo gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y donde se pondrá a prueba el avance de Morena, la agrupación de López Obrador.
En febrero, Perú retiró a su embajador en México luego que López Obrador llamara “presidenta espuria” a Boluarte. En diciembre, la peruana había expulsado al embajador mexicano en Lima por la decisión del presidente López Obrador de dar asilo a la familia del exmandatario peruano.
La presidenta Piña encargó en febrero a González Alcántara la consulta a trámite con la finalidad de dilucidar cómo debe proceder el máximo tribunal ante las denuncias, no solo contra Esquivel, sino, de manera abstracta, contra cualquier ministro por posibles irregularidades en su conducta.
La próxima gobernadora del estado de México, el más poblado del país, saldrá de la pugna electoral entre dos mujeres y el hartazgo de muchos votantes. Una de las candidatas es Alejandra del Moral, que representa a la fuerza política que gobernó ese estado durante casi un siglo.
El mandatario insinuó en abril que el Pentágono estaba detrás de las filtraciones atribuidas al grupo de hackers Guacamaya, el mayor ciberataque que han sufrido las Fuerzas Armadas en México y que sacó a la luz millones de archivos, varios de ellos sensibles y confidenciales.
Si la defensa de Piña a la labor judicial sucedió la tarde del lunes, la mañana de este martes su nombre volvió a ser usado como blanco en la conferencia que el presidente López Obrador imparte todos los días desde Palacio Nacional. Esta vez, el subsecretario de Seguridad federal.
El mandatario ha recordado en su conferencia que hace unos días el conservador Partido Acción Nacional (PAN) pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que destituyan a López Obrador de la Presidencia de la República. El jefe del Ejecutivo ha calificado esa iniciativa de absurda.
El presidente López Obrador elevó el lunes el tono de sus críticas a los jueces y a la Suprema Corte al acusar a los magistrados del alto tribunal de violar la constitución y advertirlos que si paralizan por vía judicial acciones del Poder Ejecutivo estarían realizando un “golpe de Estado técnico”.
Varios miles de manifestantes salieron el domingo a marchar en la capital mexicana en apoyo a la Suprema Corte de Justicia, la cual ha sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de invalidar tres normativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso, la excepción, no la regla general. Porque es un Poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político, ahora no tiene ningún sometimiento al poder político, antes, sí”, dijo el mandatario.
Las modificaciones legislativas, aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista e impulsadas por el mandatario, eran una alternativa a otra reforma constitucional planteada por AMLO que fracasó en su intento de reorganizar y delimitar las tareas administrativas del árbitro de los comicios, el INE
El mandatario mexicano, quien asegura que Castillo fue víctima de un golpe de Estado "de la oligarquía", dijo que Boluarte, que asumió el cargo por sucesión constitucional al haber sido electa como vicepresidenta, "fue impuesta" en el Gobierno de Perú por lo que tiene "como 25 % de aceptación"".
La Suprema Corte determinó por mayoría este lunes invalidar las reformas aprobadas en diciembre por el Congreso a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dos de seis modificaciones en materia electoral
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
La Suprema Corte de Justicia de México discutía la posible invalidación de parte de una reforma electoral sobre propaganda gubernamental impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de echarse para atrás podría acrecentar las tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.
Entre el 24 y 26 de abril pasados, el Congreso de México se abocó a trastocar leyes y reglamentos para desaparecer instituciones incómodas y modificar presupuestos con el objeto de facilitar el manejo del último tercio del sexenio de AMLO.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal?, ¿con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante?, ¿a cambio de qué se entregó la información reservada?”
Morena y sus socios aprobaron el sábado de madrugada una veintena de leyes fuera del edificio del Senado, que estaba bloqueado por la oposición. Votaron en una sede alternativa casi a escondidas, lejos de parlamentarios opositores y sin que hubiera ninguna discusión.
Pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los buenos vinos, a lo que están acostumbrados”, dijo entre risas. Los senadores de oposición han señalado que no se moverán de ahí hasta que haya una nueva propuesta para designar por lo menos a un comisionado del INAI.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, intensificó las luchas políticas internas con EU al decir el martes que su país ha sido objeto de espionaje por parte del Pentágono.
