En Guatemala, a unos 40 kilómetros de la frontera, donde cientos de migrantes estuvieron detenidos por un retén en Vado Hondo, el tráfico volvía a fluir y quedaban pocos migrantes. Las autoridades guatemaltecas dijeron que hasta el lunes más de 2,300 migrantes habían regresado a Honduras.
La mujer estaba resignada a regresar a la frontera a tratar de documentar su ingreso y presentar una prueba negativa de covid-19, los requisitos que las autoridades guatemaltecas exigen para internarse en el territorio. "Quiero seguir hasta Estados Unidos, no me quiero quedar en Guatemala"
En total, se cree que entre 8,000 y 9,000 migrantes han entrado a Guatemala en la primera caravana del año que salió el viernes de San Pedro Sula, Honduras. El país ha sido golpeado por la pandemia de COVID-19 y dos fuertes huracanes que en noviembre dejaron a miles de personas sin hogar.
La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos el domingo sobre un grupo de migrantes hondureños que intentaba cruzar su bloqueo vial.
El viernes en la noche, dos grupos de más de 3,000 migrantes hondureños cada uno ingresó en Guatemala sin registrarse, parte de una caravana más grande que había partido antes del amanecer de la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Un tercer grupo ingresó el sábado en Guatemala.
Los detenidos supuestamente estaban promocionando la llamada “caravana salvadoreña”, que saldría de El Salvador el viernes y sábado y giraron indicaciones para que los interesados en viajar compraran un paquete de transporte terrestre que incluía una prueba de COVID-19.
Miles de migrantes hondureños comenzaron a caminar hacia la frontera con Guatemala antes del amanecer del viernes, impulsados por la pobreza y la esperanza de llegar a la frontera de Estados Unidos, donde algunos creen que recibirán una bienvenida más cálida con el gobierno de Joe Biden.
Al caer la tarde, algunos de ellos ya habían llegado al cruce fronterizo en la ciudad de Corinto. El grupo comenzó a caminar el miércoles pero hizo una pausa durante la noche antes de llegar a donde estaban unos 75 policías antimotines en las afueras de San Pedro Sula.
El gobierno de México dijo el miércoles que él y otros 10 países de América Central y del Norte están preocupados por los riesgos de salud que supone el COVID-19 entre los migrantes que carecen de la documentación adecuada.
Alrededor de 200 migrantes iniciaron el miércoles en la noche una marcha a pie por una carretera hacia la frontera con Guatemala, dos días antes de la fecha prevista para la salida de una caravana desde San Pedro Sula.
En un contexto de crisis económica agravada en países norafricanos y subsaharianos por la pérdida de ingresos derivados del turismo y de otros sectores a causa de la pandemia de COVID-19, 23.023 inmigrantes llegaron al archipiélago español el año pasado, frente a 2.687 en 2019, dijo el Ministerio.
Con los hospitales públicos abrumados por los casos del virus, los migrantes con padecimientos cardiacos o embarazos difíciles no tienen a quién acudir. Otros han recibido prescripciones inefectivas porque una serie de médicos se ven forzados a tratarles sin un historial médico.
“Hasta donde sabemos ahora, un grupo de exresidentes incendió tres carpas y contenedores después de que la mayoría de los migrantes abandonaron el campamento”, dijo el jefe de misión en Bosnia de la Organización Internacional para las Migraciones, Peter Van Der Auweraert.
El gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando un plan para proteger a más de un millón de inmigrantes de Honduras y Guatemala de la deportación después de que los países fueran azotados por huracanes en noviembre.
"La gente sigue perdiendo sus vidas en viajes migratorios irregulares a pesar de las amplias restricciones de viaje en 2020, lo que muestra la necesidad de opciones migratorias legales y más seguras", ha defendido en un comunicado el director del centro de datos y análisis de la OIM, Frank Laczko.
El número de muertes registradas en rutas migratorias cayó este año, aunque las dificultades por el COVID-19 y los llamados “naufragios invisibles” implican que el número real es probablemente mucho mayor, dijo el viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.
El gobierno de Estados Unidos se dispone a deportar a más de una decena de menores y sus padres que se encuentran en un centro de detención en Texas, incluida una niña de 4 años que tiene un brazo roto y necesita cirugía, de acuerdo con abogados de las familias.
Cuando le preguntaron sobre el futuro del programa, que ha dejado varados a muchos migrantes centroamericanos en campamentos en malas condiciones en algunas ciudades fronterizas mexicanas, López Obrador respondió: “Vamos a esperar a que se tome posesión, a que llegue el señor Biden”.
Cientos de estadounidenses, inmigrantes naturalizados y residentes permanentes sufren los efectos de una proclamación que Trump emitió en abril prohibiendo la entrada al país de sus parientes en el extranjero, que son solicitantes de algunas visas basadas en lazos familiares.
Hace cuatro años, Donald Trump llegó al poder con el muro en la mente y Joe Biden lo hará en tres semanas con un paquete de medidas destinadas a mejorar la vida de los migrantes en Estados Unidos antes de sus 100 primeros días. Al menos esa es la promesa que trae bajo el brazo.
