El juicio impulsado por el Estado al máximo líder de las recientes protestas indígenas en Ecuador, Leonidas Iza, fue suspendido el lunes, por lo que está pendiente que se le juzgue por la acusación de paralización de servicio público, delito que la ley castiga con uno a tres años de prisión.
En cuanto a los combustibles, aseguró que “es claramente una decisión que se tomó bajo una presión extrema y en términos económicos no traerá ningún beneficio”, pues se ha demostrado que los subsidios terminan beneficiando a sectores de acceso medio y alto, concluyó.
Al final, la oposición se quedó en 80 votos y el oficialismo se erigió como victorioso, mientras que el movimiento indígena anunció que mantenía la movilización y que se quedaría en Quito si no recibía soluciones concretas y expresas del Ejecutivo, al que volvió a llamar al diálogo.
Por presión de los empresarios, los productores y los mismos agricultores -que a diario deben desechar millones de dólares en productos perecederos- y de la sociedad civil que padece desabastecimiento de alimentos, gas y combustible, las partes accedieron a volver a una mesa de negociación.
Delegados del gobierno y de los indígenas tienen previsto iniciar el jueves un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal para buscar una solución a la huelga nacional que se ha prolongado por 18 días y que mantiene virtualmente paralizado a Ecuador.
El gobierno ecuatoriano aceptó el miércoles volver a un diálogo con los indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabastecimiento de alimentos, medicinas, gas...
Además, establece como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolífera del país, en la amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30% de los ingresos.
Grupos de manifestantes incendiaron el miércoles dos estaciones de policía en el norte de Quito mientras el diálogo entre los indígenas y el gobierno sigue en punto muerto en medio de una huelga nacional de más de dos semanas caracterizada por violentas protestas.
El partido opositor ecuatoriano Unión por la Esperanza, vinculado con el expresidente Rafael Correa, no logró la noche del martes sumar los 92 votos necesarios para la destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien acusan de la grave crisis política y conmoción interna que atraviesa el país.
En cadena de radio y televisión, el mandatario dijo que el gobierno no se puede sentar a dialogar “con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos” y aseveró que “no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien sólo defiende su interés político y no de sus bases”.
Un ataque de presuntos manifestantes indígenas a una caravana que transportaba combustible y era custodiada dejó el martes un uniformado muerto y al menos otros 12 heridos en Ecuador, mientras el gobierno y los indígenas se aprestan a dialogar por segundo día tras más de dos semanas de protestas.
Durante el fin de semana, en la capital y otras ciudades no se registraron marchas ni acciones de violencia como fue usual en los últimos días, aunque la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de la capital, se encuentra sin gasolina, gas de uso doméstico ni oxígeno de uso hospitalario.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó el lunes el anuncio del presidente Guillermo Lasso de reducir en 10 centavos de dólar los precios de la gasolina y el diésel y lo calificó de insensible e insuficiente, mientras el paro nacional convocado por ese sector cumple dos semanas en...
En una sorpresiva medida, el presidente Guillermo Lasso declaró el sábado la terminación del estado de excepción que regía “por grave conmoción interna”, en seis provincias del Ecuador. La decisión se divulgó mientras la Asamblea Nacional conoce un pedido de destitución presidencial.
Lasso convocó a las organizaciones de derechos humanos para que supervisen la situación en el país y destacó que frente a la ola de ataques “el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales”.
En el marco de un paro nacional convocado por los indígenas en Ecuador, una turba atacó un convoy militar y policial cerca de Quito que buscaba liberar a vehículos particulares y camiones con alimentos, con un saldo de varios uniformados heridos y secuestrados.
La fiscal general, Diana Salazar, señaló en su cuenta de Twitter que “han atacado nuevamente el edificio de la Fiscalía General del Estado; lo que buscan no está ahí. Estos desmanes no son protesta social, son delitos. Hago un llamado a la paz, a la cordura y sobre todo al respeto a la ley”.
La protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene bloqueadas algunas de las principales vías del centro norte andino de Ecuador y virtualmente paralizados amplios sectores de algunas ciudades, especialmente Quito.
El ministro de Gobierno de Ecuador dijo el miércoles que las autoridades no aceptan las condiciones impuestas por el sector indígena como requisito para iniciar diálogos encaminados a buscar una salida pacífica a las protestas que cumplen 10 días.
Decenas de vehículos con indígenas perseguían y bloqueaban el martes autobuses del transporte público en Ecuador para pincharles las llantas y obligar a los pasajeros a caminar. El ministro de Defensa advirtió que la democracia está en riesgo.
