Las víctimas, como las que murieron el lunes, son en su mayoría integrantes de medios de comunicación pequeños y locales. El Veraz operaba una página de Facebook y parecía publicar casi exclusivamente avisos sobre eventos o información pública del gobierno del municipio.
En el día 13 de la búsqueda de su hija desaparecida, Mario Escobar estaba parado afuera de una gasolinera bajo un calor sofocante, mientras sostenía volantes con la foto de la joven e intentaba preservar una esperanza obstinada y urgente.
A finales de octubre, la Suprema Corte otorgó una suspensión contra el Panaut, la cual permitía salvaguardar el mandato constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador y garante de los derechos humanos contenidos en los artículos 6º y 7º constitucionales.
“La Comisión Nacional está preocupada por los acontecimientos ocurridos en torno al lugar. Una serie de víctimas han presentado denuncias y documentado públicamente” los ataques, explicó en un comunicado en el que instaba a las autoridades locales a poner fin a la ocupación.
Además, la CNDH se sumó "a la exigencia, tanto del GIEI como de la sociedad mexicana en general", para que, a más de siete años de los sucesos, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados "tengan acceso a la verdad de los hechos ocurridos" y acceso a la Justicia.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis. Esa parte de la narración es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El nuevo informe, divulgado este lunes por el GIEI, denunció más "simulaciones" en la llamada "verdad histórica" sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, así como la ocultación de información y la probable participación en más hechos de las Fuerzas Armadas.
La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes...
La SIP lamentó esta nueva "tragedia" e instó al Estado de México a atender con "responsabilidad y seriedad" los reclamos para que no siga creciendo la lista de periodistas asesinados por realizar su función.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este miércoles el reciente asesinato a balazos del periodista Armando Linares en Michoacán, estado del occidente mexicano, y aseguró que no habrá impunidad en el caso.
Ante esa situación la Junta pidió a los gobiernos que reglamente esas plataformas e instó al sector privado a que modere y autorregule sus medios digitales y limite la publicidad, y la promoción del consumo de drogas con fines no médicos, señala un comunicado de prensa difundido por la ONU.
Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que era inconstitucional penalizar el aborto, médicos del estado sureño de Guerrero se negaron a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años.
En entrevista reciente con Associated Press, Santana Ángeles dijo que existe un compromiso del Ejército mexicano para dar acceso a los archivos y no se trata de un tema a negociar. Sin embargo, hay a quienes preocupa que la cercanía de López Obrador con el ejército no contribuya a esa apertura.
El asesinato de Lazarre, quien trabajaba para el grupo de medios digitales Rois des infos, es el tercero este año en Haití. El 6 de enero fueron abatidos los periodistas Wilguens Louissaint y Amady John Wesley mientras cubrían un enfrentamiento entre pandillas en la capital haitiana.
Pese a todos los problemas, RSF enfatizó que la mera existencia de los mecanismos, que no sólo tienen como objetivo proteger a periodistas sino a defensores de derechos humanos y otros colectivos, es un logro indiscutible aunque los cuatro países tienen que ir más allá de simplemente crearlos.
Los analistas estiman que la situación de violencia en los penales mexicanos es consecuencia del hacinamiento, el crecimiento de la población penal y el escaso personal de custodia, muchos de los cuales tienen malos salarios lo que favorece la corrupción.
El líder campesino Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica de Huexca —parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto del Estado mexicano— fue asesinado el 10 de febrero. Es el segundo crimen de un luchador social contra la termoeléctrica ubicada en el estado de Morelos.
Los abogados públicos de México revisan unos 100 procesos jurídicos ligados a abortos en todo el país, indicó el miércoles Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia.
Cuando entró el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, el mecanismo tenía incorporadas a 798 personas, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, son 1.518: 495 periodistas (135 mujeres y 360 hombres) y 1.023 defensores (551 mujeres y 472 hombres).
Al preguntarle quiénes cree que estarían detrás de las amenazas en su contra, Cordero García afirmó que “me quieren silenciar por mi trabajo periodístico. Soy muy crítico en mis reportaje, en mis entrevistas”. El periodista expresó que tras el hecho solicitó a las autoridades reforzar su seguridad.
