Las divergencias se profundizaron en las últimas horas luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.
Estudiantes vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, sur de México, e incendiaron una camioneta, como parte de las protestas que llevan a cabo a días del noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre próximo.
La Secretaría de Gobernación informó que los resultados de la investigación en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Ayotzinapa, en el actual gobierno “no tienen precedente”, y que muestra de ello es “la clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos”.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves que las Fuerzas Armadas sí cooperan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las acusó de obstruir la investigación.
Al menos 27 cuerpos han sido hallados en más de una decena de fosas clandestinas en la ciudad mexicana de Reynosa, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, según ha informado el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas.
La idea de la tregua, aunque pudiera parecer ingenua, es obra de la desesperación en un país con más de 110,000 personas desaparecidas y que cuenta con autoridades policiales y forenses desbordadas por la violencia y los restos de más de 50,000 personas sin identificar.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los grupos criminales del país que tomen la iniciativa y abandonen las actividades ilícitas, como lo han pedido las asociaciones de madres buscadores de desaparecidos que buscan un pacto de paz.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que envió una segunda carta al gobierno de Israel solicitando la extradición de un exfuncionario acusado de manipular las investigaciones sobre la sonada desaparición de 43 estudiantes en 2024 en el sur del país latinoamericano.
“Parte de los actos de investigación y de las diligencias nos traen precisamente a este punto”, dijo Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal estatal de Jalisco, el miércoles en un encuentro con periodistas. Además, el funcionario precisó que en las bolsas se encontraron partes de cuerpos de hombres y mujeres.
El alcalde de Iguala cuando 43 estudiantes desaparecieron en esa ciudad del sur de México en 2014 y uno de los principales acusados del caso que conmocionó al país y al mundo fue exonerado por la justicia del secuestro de los jóvenes, informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Baja California es también uno de los estados donde más se cometen homicidios dolosos en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. Entre enero y abril pasado se registraron allí 721 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales.
Las autoridades estatales del centro-norte de México buscaban el jueves por tierra y aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que fueron denunciadas como desaparecidas a su paso por el estado de San Luis Potosí, pero en esas labores se localizó a otras 51 supuestas víctimas.
A lo largo de esa calificación anual de México por Washington –basada en información pública, de ONG y medios seleccionada por el gobierno estadunidense– el Departamento de Estado aborda en detalle los delitos cometidos por bandas criminales locales y trasnacionales y narcotraficantes.
El episodio contrasta fuertemente con el frenesí del gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica. Se vieron inmersos en un tiroteo entre cárteles de la droga en la ciudad fronteriza de Matamoros.
“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Estaba inquieto; no podía dormir ni comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodward a los periodistas el jueves.
El caos que se desarrolló en la ajetreada intersección de tres vías en la zona centro de Matamoros, podría haberse recordado solo como un acto de violencia angustiosamente común en una ciudad fronteriza agobiada por la violencia. Excepto que en esta ocasión las víctimas eran estadounidenses.
“A principios de este año empiezo a recibir reportes de que el mismo grupo que controlaba la plaza como que empieza a tener comportamientos mucho más de extorsión”, añadió la investigadora que trabajó en la Universidad de Texas-Brownsville, justo al otro lado del Río Grande de Matamoros.
Hace cuatro años el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la comisión gubernamental que investiga la desaparición de los estudiantes, Alejandro Encinas, identificó a Tenescalco como “uno de los principales perpetradores” de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes.
La anterior administración mexicana sostuvo que los jóvenes fueron asesinados y sus restos destruidos después de que fueran secuestrados por policías corruptos que trabajaban con una banda local de narcotraficantes, quienes creían que los estudiantes habían sido infiltrados por un grupo rival.
Aunque es una mujer de recursos modestos, ha atravesado México, presentó una demanda contra el gobierno, se reunió con funcionarios de las Naciones Unidas e incluso abrazó al papa, todo para cumplir una misión: reunirse con sus cuatro hijos desaparecidos.
