El presidente Andrés Manuel López Obrador irá esta semana a tres de los estados más violentos de México en un intento por contrarrestar lo que muchos consideran una política débil ante los carteles del narcotráfico que ha exacerbado las tensiones con las autoridades locales.
Ana Laura Magaloni (Ciudad de México, 1968) es una convencida de que en México la justicia es posible. Lo repite, de una u otra manera, implícita o explícitamente, durante la hora que dura la charla con este diario, por videoconferencia.
Del 15% del total de personas desaparecidas no se tiene información fidedigna por parte de las fiscalías locales sobre cuándo fue la fecha de denuncia, por lo que “se debe depurar y analizar la información”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Zerón, quien era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua procuraduría general mexicana -hoy fiscalía- cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, salió de México y es buscado por la Interpol, informó el mes pasado la fiscalía.
Javier Corral, su sucesor en el Gobierno de Chihuahua y principal rival político, calificó la gestión de Duarte como “un robo burdo” y promovió más de una decena de denuncias ante la Fiscalía estatal, también llevó en su momento a la Fiscalía federal 70 tomos y 50 discos con pruebas de los delitos.
Autoridades detuvieron a dos investigadores federales acusados de torturar a sospechosos durante la pesquisa sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace casi 6 años, aunque el jefe de la indagatoria sigue prófugo.
Las autoridades mexicanas confiscaron este armamento militar, ilegal en México, a apenas tres kilómetros de la casa del embajador de EE UU, el más que probable país de origen de todo ese arsenal: siete de cada 10 armas provienen del otro lado de la frontera.
Las autoridades dijeron después que en ese río encontraron restos humanos. Sin embargo, sólo uno de los huesos hallados fue identificado plenamente como el de uno de los estudiantes. Para expertos independientes, sin embargo, eso no era suficiente para comprobar la teoría oficial.
Las imágenes de las cámaras de seguridad del 26 de junio, justo después del amanecer, muestran a un grupo de hombres armados, amontonados en la parte trasera de un camión que bloquea una calle de Lomas de Chapultepec, un vecindario de lujo.
Durante el Gobierno de Peña Nieto, la estrategia de descabezar los grandes cárteles provocó una continuación de la denominada guerra contra el narco emprendida por su predecesor, Felipe Calderón, en 2006. El país se sembró con más de 250,000 muertos hasta 2015 y decenas de miles de desaparecidos.
Nada de lo que ocurrió en San Mateo del Mar el domingo fue fortuito. El pueblo vivía en tensión desde hacía casi mes y medio. Y esa era solo la última capa de tensión. Había otras con meses y años de antigüedad, sedimentos de un rencor durísimo.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, lamentaba la salida de las tres: “Es triste ver que hoy renunciaron tres mujeres involucradas en temas esenciales: salud, discriminación y víctimas.
Familia, vecinos y amigos marcharon el viernes por la tarde exigiendo justicia para Alexander Martínez, joven mexico-estadounidense de 16 años que murió de un disparo en la cabeza en Acatlán, al este de México, cuando la policía municipal le interceptó mientras iba en moto con amigos.
La muerte a manos de policías de Giovanni López en México ha sacudido a un país incapaz de mejorar sus fuerzas de seguridad. Detenido el 4 de mayo en un municipio de Jalisco, López pasó la noche en el calabozo. Allí los mismos policías le habrían golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte.
“Quiero aprovechar desde ahora para expresar mis condolencias a los familiares de la legisladora de Colima que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina... Fue algo muy lamentable”, dijo López Obrador en una rueda de prensa en Campeche, en el sureste mexicano.
México busca a más de 61,600 personas. La mayoría comenzó a desaparecer desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a la calle para combatir a los cárteles. La guerra contra el narcotráfico ha continuado desde entonces. La violencia sigue llevándose varias vidas.
Una enfermedad puede causar miedo o no. Una bala siempre es una bala. En los rincones más aislados y violentos de México, donde narcotraficantes, criminales y grupos armados tienen más presencia que el Estado, el nuevo coronavirus puede ser la última de las preocupaciones.
Lejos de resolver el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, la Fiscalía mexicana trata al menos de desenmarañar los malos manejos de sus antecesores en la primera etapa de la investigación.
Un juez de México ordenó la detención de quien fuera el investigador jefe del caso Ayotzinapa, que se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de magisterio, por presuntas irregularidades cometidas durante las indagatorias que encabezó.
En la oscuridad, los agentes se preparan en silencio colocándose sus cascos y pertrechos tácticos. Cargan arietes, pinzas especiales y armas pesadas al subir a pie por una cuesta en una calle de California iluminada suavemente por los faroles. Luego se encaminan a la casa a la que van.
