El amparo adhesivo impone sin embargo al quejoso la carga de invocar en el juicio todas aquellas actuaciones en el procedimiento que estime puedan violar sus derechos, imponiendo al tribunal la obligación de decidir respecto de todas las violaciones hechas valer.
Estoy en la política hace ya muchos años por dos razones: creo que las cosas están mal en nuestra sociedad, pero creo también de cierto que los seres humanos somos perfectibles y, por tanto, también lo son las sociedades que formamos.
El operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva fue indudablemente una escalada en la "guerra contra el crimen organizado"; un cambio radical de estrategia, o una nueva aventura que pudiera conducirnos a incrementar la violencia.
En la indagatoria que la SCJN asignó a la comisión designada �agosto de 2009� para atender las diversas competencias en la tragedia de la estancia ABC, en Hermosillo, subrogada por el IMSS, se establece con toda precisión que ésta analizará los "alcances y el grado de responsabilidad".
"Resultaron muertos siete integrantes del cártel del Pacífico". ¿Antes eran presuntos y luego integrantes del cártel del Pacífico? Si eran presuntos, ¿quién giró las órdenes de cateo? ¿Hubo órdenes de aprehensión o simplemente la orden de "mátenlos en caliente"?.
Muy recientemente, en una entrevista televisiva, se le hizo notar al ahora ex ministro Mariano Azuela que muchos lo consideraban un conservador. Él respondió que si era porque él defendía la ley y lo que ella imponía, entonces sí, se declaraba conservador.
Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de reclusión. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas.
Pudiera ser que los nuevos integrantes de la Suprema Corte, a diferencia de la mayoría de los que ahora serán sus pares y compañeros de trabajo, no se olviden de que el derecho moderno no se divide solamente en las ramas de derecho público y derecho privado.
Los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales ratificados por México constituyen parte de la ley suprema conforme marca el artículo 133 constitucional.
Tuve el placer de que Arturo fuera mi alumno en la división de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue, sin duda, el alumno más inteligente y destacado que he tenido nunca: conocedor como pocos de la materia de amparo.
Llama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección.
Buena imagen la de Genaro Góngora cuando posa en el que ha sido su despacho de ministro de la Suprema Corte. Se le ve saludable, seguro de sí mismo y de buen humor. Y con razón; pocos funcionarios podrían hoy retirarse así.
En el marco del 137� periodo de sesiones de la CIDH, que tuvo lugar del 28 de octubre al 13 de noviembre, varias organizaciones civiles mexicanas e internacionales acudieron a Washington para exponer de nueva cuenta casos y temas de preocupación en materia de derechos humanos en el país.
En 2001 el Congreso de la Unión decidió aprobar modificaciones de carácter constitucional en materia de derechos y cultura. Unilateralmente el Poder Legislativo y el gobierno decidieron cerrar el tema.
A esas alturas de la comparecencia, cuando el procurador había librado ya los peores baches dialécticos, el diablo hizo de las suyas gracias a una frase que saltó de su boca como sapo indeseable al llamar a las mujeres a que "aprendan a prevenir y a no provocar".
Interés jurídico es un concepto de antiquísima alcurnia. En realidad, el derecho moderno se funda todo en él, desde antes del Renacimiento europeo. Significa, en esencia, un bien protegido por la ley y garantizado por la justicia.
Ante este sombrío proyecto en desarrollo las preguntas centrales son: ¿están dispuestos los ciudadanos que no votaron por Calderón, que se abstuvieron, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar seis largos años de penurias, autoritarismo, entreguismo?.
La soberanía surge al finalizar la Edad Media como la centralización del poder antes disperso; cada ciudad, cada gremio, cada señor feudal tenían su propia fuerza armada, sus gent d'arme, que actuaban por separado y obedecían sólo a la entidad que los reclutaba y pagaba su "soldada".
Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad son acepciones tan antiguas como el mismo derecho constitucional. La primera quiere indicar una resolución -ley, decreto o decisión de autoridad- que va en contra de la letra, el espíritu y el sentido de la Constitución.
Poder y derecho son expresiones legítimas de acceso al poder. Y se basan, definitivamente, en la libertad. Legitimidad �o legitimación del poder� se basa en la división y separación de poderes a fin de limitar, y regular, el ejercicio de ese poder.
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Los gobiernos mexicanos suelen retornar cíclicamente a una concepción del derecho que daña ciertos contenedores de la vida social útiles para resolver conflictos actuales y del futuro inmediato. Cíclicamente, los gobiernos mexicanos pierden de vista el valor social, impersonal, del derecho.
Por mayoría �siete votos contra cuatro�, el pleno de la SCJN resolvió señalar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a otros funcionarios de su administración, como responsables de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas durante el conflicto.
Desde hace varios días, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que detenta la titularidad del contrato para prestar servicios a LFC, vivía un conflicto interno debido a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no daba la toma de nota para reconocer a la directiva sindical.
En algunos días más el Senado recibirá del Presidente de la República dos ternas para ocupar el par de vacantes que se producirán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será una de las decisiones más relevantes que tengan que tomar los senadores.
Nuestra Constitución consagra derechos fundamentales que deben ser respetados por el Estado mexicano. Existe una doble garantía para su efectividad. Por una parte, la vía judicial y por otra, los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, ombudsman.
Después de tres años y un mes de injusto encarcelamiento, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial fue liberada la madrugada, luego de que la PGR anunció, a principios de este mes, que presentaría "conclusiones no acusatorias" en su contra.
En mi pasada colaboración argumenté por qué el Senado no debe apoyar legalmente la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, ni en el supuesto de cuestiones de seguridad pública, ni en el de seguridad pública.
El blanco de las descargas fueron las casas de esas familias, que llamaron con insistencia y sin respuesta a los cuerpos de seguridad. Afortunadamente no hubo muertos. El único herido fue un ex ministerial, que repelió el ataque �a él se supone iba dirigido.
Los dados están cargados en el proceso de renovación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ya es vox pópuli que tanto el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como el actual ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, tienen candidata.
La controvertida decisión emitida por la SCJN el pasado 12 de agosto en torno al "caso Acteal" ha generado un acalorado debate que, por ejemplo, se está librando tanto en las comunidades indígenas como en los medios masivos y alternativos de comunicación.
Nos hemos convertido en un país de magnicidios, masacres y genocidios sin culpables; un país de inocentes. Un país de irresponsables que van por la vida sin rendirle cuentas a nadie; seres de una nación sumida en la impunidad.
La historia de la infamia en América Latina aumenta de forma exponencial. Es casi una relación maltusiana. A mayor injusticia se disparan geométricamente los signos de corrupción judicial dejando tras de sí una estela de prevaricación y falta de ética.
Fue una misión de purificación, una acción noble. Se trataba de acabar con los pukuj -clase de demonio en tzotzil- y con los gusanos que contaminaban el pueblo. Por eso se prepararon para atacar Acteal un día después. Era el 21 de diciembre de 1997.
Lupita, Ernestina y Lucía eran unas niñas de 13, nueve y cuatro años cuando vieron morir a sus padres el 22 de diciembre de 1997 asesinados por las balas de los paramilitares. Su hermanito menor, el kox, como le llaman los tzotziles, murió en brazos de su madre.
