Ahora, ya sabíamos que con su larga trayectoria de acomodos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia se vería una vez más en su espejo con su sonrisa de quien complace al poder. Lo ya sabido no provoca sorpresa ni decepción siquiera. Duele, avergüenza.
Acteal fue una masacre de Estado, cuyo principal responsable es Ernesto Zedillo, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre 1994 y 2000, tan masacre de Estado como lo fue Tlatelolco. Los ejecutores materiales fueron apenas instrumentos protegidos.
Indignación, desesperación, desesperanza deben invadir a amplios sectores de la sociedad mexicana frente al desenlace "legal", probablemente provisional, de la matanza de Acteal. ¿No es éste un Estado fallido? ¿Quién pone la cota con la que comienza a fallar el Estado?.
La Suprema Corte, con tendencia mayoritariamente conservadora, ha vuelto a dejar pasar oportunidades valiosas para actuar realmente como uno de los tres poderes mediante los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, subordinada al Poder Ejecutivo y a los intereses de las clases dominantes, puede ser una vergüenza, pero su determinación no encarna ningún enigma. A los jueces les presentaron un cold case del pasado.
En lo que ya se sabía sería una decisión controvertida, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a 26 quejosos relacionados con los hechos ocurridos en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
El sacerdote Miguel Chanteau es insospechable de querer encubrir a culpables por el caso Acteal. Su decidido compromiso con los pueblos indígenas, su defensa de los derechos humanos de los indios le valieron ataques de quienes le exigían que mejor se ocupara de cuestiones espirituales.
Nadie puede decir que Felipe Calderón no cumple sus promesas de campaña. Durante las elecciones presidenciales de 2006 se comprometió a "revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal".
Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal.
Impotencia e indignación son las dos palabras que resumen el sentir sobre el caso de Acteal, de quienes hemos apostado a la legalidad y a la reivindicación de los derechos humanos como espacios de lucha para el acceso a la justicia.
En el tercer aniversario de su detención, tortura y encarcelamiento bajo acusaciones falsas, el biólogo Ramiro Aragón Pérez puede respirar libremente como la primera persona del conflicto de Oaxaca en 2006 que ha recibido asilo político en Estados Unidos.
Por amplia mayoría �ocho votos contra tres�, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon el lamentable proyecto en el que su colega Sergio Aguirre Anguiano proponía mantener al máximo tribunal del país al margen de la investigación necesaria.
Los antecedentes y las circunstancias indican que la Suprema Corte de Justicia atraerá las pesquisas sobre la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde un incendio causó la muerte a 49 menores. De ser así, resultará irrelevante la información de la PGR.
Hoy día existe en el país una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenas que van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca.
No hace falta recordar lo que fue en México el fuero castrense en el pasado para darse cuenta de que, en los términos en que hoy se define en la legislación militar, sigue siendo, en mucho, un orden de privilegio para los integrantes de nuestras fuerzas armadas.
La ley de punto final tuvo como fin crear un muro de contención evitando la ola de imputaciones que llenarían los juzgados pidiendo justicia. Y, claro, la vergüenza pública de verse en los tribunales era motivo suficiente para cerrar filas obstaculizando cualquier acción de la justicia.
La pretensión estadunidense de "certificar" el respeto a los derechos humanos en México encierra un disparate mayúsculo, pues proviene de un país cuyo expediente en esa materia esta marcado por excesos y tropelías de toda suerte a escala planetaria.
En el país, donde los logros municipales no sólo son escasos, sino extraños, existen por fortuna ejemplos extraordinarios que deben ser tomados como casos a imitar a escala nacional y en el mundo entero. Uno es el que encabezó Mario Romero, presidente municipal de La Huacana.
Con el telón de fondo de las estrategias oficiales en curso contra la criminalidad, el gobierno que encabeza Felipe Calderón realizó en Michoacán, Nuevo León y otras entidades alardes de fuerza policial y militar para detener a presuntos cómplices del narcotráfico.
En un hecho verdaderamente aberrante, que insulta a la sociedad, los señores ministros de la SCJN decidieron que su sagrado periodo vacacional resulta más trascendente para la República que atraer el caso y realizar una investigación sobre los trágicos sucesos en Sonora.
El estado de indefensión general que se vive en Chihuahua ante la violencia que agobia a sus pobladores se muestra no sólo como "la omisión, incapacidad o complicidad gubernamental ante el crimen organizado", sino que se revela como un hecho palpable de ausencia del Estado.
Sicarios con sed de venganza o paramilitares con afanes escarmentadores, el hecho es que llegaron, destruyeron y mataron sin que ningún orden de gobierno pudiera evitarlo. Y si un gobierno no vela por la seguridad de quienes se levantan contra el miedo, es gobierno cómplice.
En congruencia con los principios constitucionales de nuestra política exterior, y con las obligaciones internacionales contraídas por el país, el titular del Ejecutivo federal condenó el retrógrado y bárbaro golpe de Estado en Honduras.
No debe pasarse por alto que la dependencia tardó cerca de tres semanas desde el incendio hasta que atrajo la investigación. A casi un mes del siniestro, resulta sumamente dudosa la coincidencia del anuncio formulado por Medina Mora.
El crimen de Estado y lesa humanidad de la desaparición forzada, que no prescribe y es de carácter continuado a los familiares de las víctimas, ha sido parte de la guerra sucia del gobierno mexicano contra la oposición de izquierdas durante décadas y hasta el día de hoy.
Aunque la opinión generalizada es que las fuerzas armadas no debieran participar en el combate contra el delito organizado, lamentablemente la misma proporción de opinantes acepta que no hay otra solución por el momento.
José Antonio Dorantes Ugalde, mejor conocido como El Hierbas, es un luchador social que desde hace 15 años se comprometió con las iniciativas políticas pacíficas lanzadas desde el zapatismo, con un trabajo específico con los nahuas de la Huasteca potosina.
Calificado por Greenpeace como el asunto más escandaloso de violación a los derechos ambientales de los mexicanos, el proyecto de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro en Cerro de San Pedro por New Gold-Minera San Xavier coloca al país en el escenario de un Estado fallido.
No pueden ser acciones responsables las que combaten delitos o dicen hacerlo, mediante procedimientos claramente violatorios de principios elementales de derecho y preceptos constitucionales expresos.
Esos conceptos, soberanía popular y supremacía de la Constitución, son categorías que se les atragantan a nuestros juristas, a nuestros jueces y, también, a nuestros legisladores. Por lo común, razonan como si fueran principios ajenos el uno al otro.
Aun cuando la legislación laboral ha cambiado poco, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito ha sido prolífica, convirtiéndose en un medio cada vez más importante para la interpretación y aplicación de criterios.
La primera en aparecer en el Diario Oficial fue la nueva Ley de la Policía Federal, la cual ya no sólo será preventiva, pues también se le asignó la responsabilidad de investigar delitos. Para ello tendrá otra arma, también recientemente aprobada por los legisladores.
En los próximos días, la SCJN tendrá la oportunidad de mostrarnos si está dispuesta a hacer algo para rescatar los restos de su autoridad moral o, si habiendo perdido toda sensibilidad, va a seguir descendiendo por el tobogán de la indignidad.
Más que los planes de reactivación económica y de las políticas de seguridad social, el centro de la disputa política en EU es el viraje que Barack Obama desea emprender, con respecto a la administración pasada, en materia de estrategias de seguridad nacional y de DH.
En una votación dividida, de cinco contra cuatro, la Corte Suprema de Justicia de EU rechazó juzgar a dos altos funcionarios de la administración de George W. Bush, el ex procurador general de ese país, John Ashcroft, y el actual director de la Oficina Federal de Investigaciones.
