La dependencia ha señalado igualmente que durante el encuentro “se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el Gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
Para combatir el clima de inseguridad en cualquier estado de la República, se requiere no solo dotarlos de legalidad, sino también profesionalizarlos, educarlos y brindarles un marco civilizado. El antecedente inmediato del estado de Michoacán no nos muestra datos enteramente positivos.
El estudio también resaltó que de enero de 2019 a marzo de 2023 la Defensa, Semar y Guardia Nacional acumularon 4.012 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por supuestas torturas, desapariciones, tratos crueles y detenciones arbitrarias.
La capacidad de México para combatir la corrupción va a la baja, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice CCC), elaborado por Americas Society / Council of the Americas y la empresa Control Risks.
Un agente federal, que no quiso que lo identificaran porque no estaba autorizado a dar declaraciones, confirmó a The Associated Press que entre los investigados está Zerón, quien huyó a Israel y tiene pendientes órdenes de aprehensión por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio
Según documentos filtrados, el Ejército ha pedido presupuestos para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus. El grupo hacker Guacamaya encontró documentos del ejército con pedidos de presupuestos en 2020, 2021 y 2022.
La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la discusión del proyecto de sentencia para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que aprobó el año pasado la mayoría oficialista del Congreso. El debate se espera que continúe el martes.
Ese no fue el único pago de la Fiscalía capitalina en el Gobierno de Mancera a una empresa de García Luna. Un año antes, en 2016, Glac Security Consulting fue contratada para que hiciera un “diagnóstico integral de capacidades institucionales” de la unidad Antisecuestros.
López Obrador se ha apoyado más que cualquiera de sus predecesores en las fuerzas armadas, a las que les ha otorgado mayores responsabilidades, desde la construcción de proyectos de infraestructura hasta la supervisión de puertos marítimos y aéreos.
En la denuncia de Scherer se afirma que el exdirector de Pemex, detenido hace dos años pero encarcelado preventivamente solo desde noviembre, vivió hasta entonces un encierro privilegiado y un trato de favor por parte del fiscal general de la República.
En entrevista reciente con Associated Press, Santana Ángeles dijo que existe un compromiso del Ejército mexicano para dar acceso a los archivos y no se trata de un tema a negociar. Sin embargo, hay a quienes preocupa que la cercanía de López Obrador con el ejército no contribuya a esa apertura.
López Obrador ha insistido en que uno de los objetivos de su gobierno es abrir a la ciudadanía los expedientes de inteligencia y espionaje político, sobre de la “guerra sucia”, como se le conoce al periodo de la represión de movimientos políticos y sociales entre las décadas de 1960 y 1980.
En un comunicado conjunto, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, R3D, Social Tic y Artículo 19, colectivos que han acompañado las denuncias de espionaje, indicaron que todo apunta a que esas empresas fueron las intermediarias de NSO Group en México.
Leopoldo Maldonado confió en que esta detención sea el primer paso para el esclarecimiento del caso, ya que García Rivera es o fue “un operador técnico de una empresa privada que era intermediaria de NSO en México y benefició con el espionaje ilegal a personajes públicos”.
El pueblo yaqui ha sufrido recientemente una ola de asesinatos y muertes por COVID-19, por lo que la disculpa pública que ofreció el gobierno de México el martes por siglos de abusos en su contra sonó algo hueca.
Tras reconocer de que no había certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus así como de otros de ese tipo
El gobierno mexicano localizó 31 contratos vinculados al software de espionaje Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.
Del entramado de espionaje y el desvío de fondos públicos que funcionó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en torno al software espía Pegasus, una empresa destaca por encima del resto. Se trata de KBH TRACK, señalada este martes por la Fiscalía General de la República, como...
"Todo esto tiene que ver con el antiguo régimen, eran las prácticas para tener el control, mirar, manipular, para imponerse", afirmó López Obrador, quien en la víspera había dicho que su gobierno ya no espía aunque admitió que no sabía si se seguían contratando esa clase de servicios.
El funcionario precisó que la contratación de Pegasus se realizó en México a través de empresas fachada, en particular Grupo Tech Bull y Balam Seguridad, y que los pagos de los contratos se dieron a través de cuentas de Estados Unidos, Italia y principalmente Israel con NSO Group.
