La batalla legal de Cacho fue avalada por instancias internacionales y en enero de 2019, en cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el actual gobierno federal le ofreció disculpas públicas por la detención arbitraria a la que fue sometida.
"El Gobierno guatemalteco reitera su total compromiso y profundo interés en que este caso se resuelva y está atento a los avances de la investigación en curso, que permita conocer en detalle en qué condiciones se produjeron estos sucesos horrendos", señaló la cancillería guatemalteca.
Desde hace más de una década, redes criminales de Tamaulipas y Nuevo León, apoyadas, instigadas o dirigidas por autoridades de diferentes niveles han sembrado el terror en la zona, apuntando particularmente a los grupos de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a la frontera.
Una docena de policías estatales fueron arrestados por asesinar presuntamente a 19 personas, entre ellos varios migrantes guatemaltecos, cuyos cuerpos aparecieron baleados y calcinados cerca de la frontera con Estados Unidos a finales de enero, anunciaron las autoridades mexicanas el martes.
"Su sueño de comprar su terreno y construir una casa no se ha cumplido, nos da tristeza y terror y hasta coraje lo que pasó", dice Marco. Asegura que su hijo no tuvo ayuda de "coyotes", y lamenta el ensañamiento con ellos, porque "los quemaron como si no fueran seres humanos".
“No anticipo futuras acciones ante mí”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis al concluir una audiencia de casi dos horas de duración. “Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos”, dijo.
"Los familiares aseguran que son sus parientes los que fueron asesinados", dijo a la AFP vía telefónica Luis Velásquez, gobernador de San Marcos, un departamento ubicado a 260 km al sureste de la capital, fronterizo con México. El pueblo de Comitancillo está en su jurisdicción.
El caso de Emilio Lozoya, director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administración de Enrique Peña Nieto y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, sigue estando guardado en un oscuro rincón del Centro de Justicia...
El lunes 12 familiares viajaron desde San Marcos a la capital guatemalteca para pedir apoyo en la búsqueda de sus familiares. La cancillería guatemalteca dijo que ya se inició contacto con autoridades mexicanas. Coronado dijo que hoy se hará las muestras de ADN para enviarlas a México.
Es el segundo año consecutivo en que la cantidad anual de asesinatos prácticamente permanece sin cambios en México. Unas cifras más confiables publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraron una disminución similar de aproximadamente 0,5% entre 2018 y 2019.
En esas semanas, la cancillería mexicana desplegó una ofensiva diplomática de primer nivel, expresando la molestia del Gobierno por la falta de información de las autoridades de EE UU. Desde 2013, la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, había investigado a Cienfuegos.
El gobierno mexicano publicó el viernes toda la información que Washington le había compartido, ante lo cual el Departamento de Justicia emitió un reproche público en el que expresó su decepción de que México decidiera eliminar los cargos contra Cienfuegos.
López Obrador ha vuelto a aumentar la tensión diplomática entre ambos países. Tras acusar a la agencia antinarcóticos de “fabricar” la acusación contra el general, ha reiterado que el informe del caso que llevó años de seguimiento a la Justicia estadounidense, no tiene pruebas suficientes.
El documento de 751 páginas que las autoridades estadounidenses compartieron con México consiste en gran parte mensajes de BlackBerry interceptados en los que traficantes ya fallecidos describían tratos con una persona a la que a menudo apodan “El Padrino”.
Pese a su exoneración, el caso del general Cienfuegos pondrá un punto y aparte en las relaciones de México con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a la presencia de la la Administración de Control de Drogas (DEA, estadounidense.
Vigil fue crítico con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cruzada que, afirma, lleva en contra de la corrupción. "Hablan de que quieren eliminar la corrupción en México y ahora están protegiendo a un oficial corrupto", subrayó en entrevista con Aristegui Noticias.
El gobierno estadounidense respondió rápidamente que se reservaba el derecho de enjuiciar a Cienfuegos en el futuro. Los comentarios de López Obrador podrían provocar que la relación de seguridad con el gobierno entrante del presidente electo Joe Biden tenga un inicio lejos de lo óptimo.
La FGR aseguró en la víspera que no encontró pruebas de que el militar retirado tuviera encuentros o comunicaciones con los integrantes del cártel H-2, ni que los ayudara o protegiera. Tampoco, dijo la FGR, se detectó un incremento inusual de su patrimonio.
Cienfuegos, quien dirigió a las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, había sido arrestado en Estados Unidos el 15 de octubre del año pasado, en donde se le presentaron cuatro cargos por lavado de dinero y narcotráfico.
Los generales mexicanos han encontrado un aliado dispuesto en López Obrador. Ha convertido al ejército en un pilar crucial de sus esfuerzos para combatir la violencia y lo ha desplegado por todo el país para patrullar las calles, rastrear a miembros de los cárteles y cerrar laboratorios de drogas.
