Las autoridades han encontrado las osamentas de 23 personas en una región pantanosa del occidente de México entre Michoacán y Jalisco, dos estados donde algunos de los mayores cárteles del narcotráfico del país libran una intensa lucha por el territorio.
La Iglesia católica inició el domingo una ronda especial de oraciones por la paz en México tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas perpetrados el 20 de junio.
Tras conocerse que las víctimas habían superado las 100,000, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a unos 60 colectivos de búsqueda, exigió igualmente a López Obrador hacer de esta crisis una "prioridad decidida de su gobierno" y no delegarla, según un comunicado.
México superó el lunes el registro de los 100,000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias. Aunque se esperaba desde hace semanas, el anuncio de la Secretaría de Gobernación generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al...
No han explicado tampoco cómo es posible que los trabajadores del lugar no se percataran hasta más de una semana después del cadáver. Tampoco que aquella noche no hubiera un solo testigo, ni siquiera de vigilancia —que en este recinto es de 24 horas— que viera a la joven o a alguien más.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió el martes a México una política de prevención de este fenómeno “generalizado”, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan “ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública, ya que —según...
Desde el pasado Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se han anunciado operativos para contener la violencia que ha dejado cientos de personas muertas y desaparecidos en la región, sin resultados hasta el momento.
Además, la CNDH se sumó "a la exigencia, tanto del GIEI como de la sociedad mexicana en general", para que, a más de siete años de los sucesos, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados "tengan acceso a la verdad de los hechos ocurridos" y acceso a la Justicia.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis. Esa parte de la narración es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El nuevo informe, divulgado este lunes por el GIEI, denunció más "simulaciones" en la llamada "verdad histórica" sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, así como la ocultación de información y la probable participación en más hechos de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades del norte de México y grupos de familiares de desaparecidos localizaron durante el fin de semana 17 cuerpos en viviendas no habitadas de Sonora, un estado fronterizo con Estados Unidos.
Sustituir homicidios por desapariciones resulta útil narrativamente: si los homicidios bajan es bueno para el gobierno, porque los estados miden mayoritariamente sus niveles de violencia letal con la tasa de homicidio doloso; pero también para los criminales, porque llaman menos la atención.
En entrevista reciente con Associated Press, Santana Ángeles dijo que existe un compromiso del Ejército mexicano para dar acceso a los archivos y no se trata de un tema a negociar. Sin embargo, hay a quienes preocupa que la cercanía de López Obrador con el ejército no contribuya a esa apertura.
Graciela Pérez se sienta con las nuevas familias de desaparecidos y la angustia se apodera de ella al escuchar sus historias todas diferentes, todas iguales a las de cientos, a la suya.
Un pie quemado pero todavía con tejido dio una pista clara: esta casa en ruinas junto a la frontera con Estados Unidos, con techos calcinados, impactos de bala y marcas de hachazos en el suelo había sido utilizada para hacer desaparecer personas hasta fechas recientes.
México contabilizó hasta finales del año pasado más de 95,000 desaparecidos y 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y en morgues del Estado, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
El informe indica también que la estructura creada por los altos funcionarios ahora encarcelados aparentemente seguía operando con “bajo perfil” hasta el año pasado puesto que en 2020 se incrementaron las desapariciones (hubo 164), más que las registradas en 2017 (136).
Zerón se considera uno de los autores clave de dicha versión, cuestionada por familiares y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
“Tu ausencia me dio un duro golpe directo al corazón”, se lee en los cientos de adornos redondos con fotografías de personas desaparecidas que desde el martes adornan algunos de los pasillos de un parque del este de la capital mexicana, donde se levantó un memorial para recordar a las ya más de...
Los grupos pidieron una audiencia con el presidente, que el gobierno reconozca que su estrategia de seguridad ha fracasado y empiece a trabajar con la sociedad civil para buscar respuestas y que garantice la seguridad de los grupos que buscan desaparecidos y que en su mayoría conforman mujeres.
