En plena polémica sobre la posible presencia de carteles en Ciudad de México, las autoridades anunciaron hoy la captura de José María Guizar Valencia, alias "El Z43" y líder del Cartel de Los Zetas, en el barrio de la Roma, una de las zonas más de moda de la capital mexicana.
"El Z43" era uno de los 122 principales objetivos criminales del Gobierno de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que facilitara su detención.
Fueron 87 casos del fuero común y 58 federales en los que se indagó la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas, de acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional).
Un ex alto mando policiaco del oriental estado mexicano de Veracruz fue arrestado hoy, señalado de "desapariciones forzadas" cometidas durante la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), informaron fuentes policiales.
Con una población de apenas 112,000 habitantes, forma parte de Colima, el tercer estado más pequeño de México, colindante con Jalisco y Michoacán, que hasta hace unos años era publicitado por los folletos turísticos como "el estado más seguro del país" y "el lugar donde no pasa nada".
Autoridades mexicanas dijeron el miércoles que investigan la aparición en la capital del país de una pancarta colocada supuestamente por integrantes de un poderoso cártel de las drogas, en la que se anunciaba su incursión a la populosa Ciudad de México.
En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó la presencia de este cartel en la Ciudad de México y aseguró que la delegación Tláhuac es el único lugar de la capital donde las autoridades han detectado actividades de narcotráfico "en la modalidad de narcomenudeo".
El portavoz de la fiscalía, Carlos Alfredo Huerta, señaló que tras una alerta de la funeraria se inició de "manera inmediata una investigación", según la cual los cinco hombres murieron en un "enfrentamiento que sostuvieron los integrantes de dos células criminales" que operan en el estado.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que a juicio de especialistas ya desplazó al Cártel de Sinaloa tras la recaptura hace dos años de su líder Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado a Estados Unidos, dio a conocer que lanzará una ofensiva para liquidar a sus enemigos.
Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
México, Canadá y Estados Unidos acordaron hoy dar prioridad al combate a las organizaciones criminales trasnacionales en una reunión en la que defendieron además que no pueden permanecer "indiferentes" ante la crisis de Venezuela.
El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5,000 efectivos.
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, y el corredor que une el resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
El proceso que devuelve a Javier Duarte a la sala de audiencias es solo el primero de más de 60. La Procuraduría General de la República ha recibido decenas de denuncias en su contra durante el último año y medio, la mayoría de parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF.
Los agentes, que podrían estar encubiertos en un principio, portarían armas conocidas como "taser", que emiten una fuerte descarga eléctrica inmovilizadora, y sólo viajarían en vuelos comerciales y de aerolíneas estadounidenses, precisó Sales.
El portavoz estatal de Seguridad, Roberto Álvarez, explicó que alrededor de las 23.00 hora local del domingo fue reportado un supuesto ataque a una patrulla de la Policía Municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero, en cuyo interior había dos personas sin vida.
Migrantes económicos y refugiados por la violencia se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas y, a menudo, se ven abocados a un limbo económico al disponer de una visa humanitaria que les impide trabajar legalmente.
"Si ustedes prometieron no dañar a las familias, éste es uno de los daños más grandes que puede existir después de no saber de nuestros seres amados", dijeron los autores del texto, difundido a través de los medios de comunicación.
Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados.
"El 75 % de esos homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado, relacionados con la lucha de 'plata y plomo' por el control de territorios. 2017 cierra con 18.989 ejecuciones del crimen organizado, un alza de 55 % con respecto del año anterior", destacó la ONG en un comunicado.
