García Luna está acusado de aceptar millones de dólares para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense, tal y como han relatado en detalle varios testigos en las dos semanas que lleva en marcha el proceso penal.
La Compañía de Jesús decidió reforzar con tres sacerdotes más su presencia en un poblado del norte de México donde hace más de siete meses fueron asesinados dos jesuitas sin que aún se haya detenido al presunto responsable del hecho, lo que llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos...
Portillo Gil es señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Óscar Nava Valencia, conocido como “El Lobo”, dijo que los pagos realizados a García Luna también tenían el objetivo de asegurar protección en un momento en que un cisma en el Cártel de Sinaloa estaba por provocar una guerra entre narcos.
Según contó el periodista, de 35 años, en conversación telefónica el viernes con AP, lleva más de una década trabajando como reportero siempre cubriendo temas policiales y de seguridad. Primero, lo hacía en su natal Veracruz, de donde salió hace más de 6 años por un intento de secuestro.
Luego, durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, un exmiembro de cártel de Sinaloa testificó en 2018 que él personalmente entregó al menos 6 millones de dólares en sobornos a García Luna y que miembros de cártel acordaron recaudar 50 millones de dólares para sobornarlo.
El fantasma del Culiacanazo acosaba a su Administración como una derrota y una sumisión. El fiasco del operativo fue el origen de las especulaciones entre políticos de la oposición e intelectuales críticos de que el Gobierno tenía un pacto con los cárteles, especialmente con el de Sinaloa.
Una tarde de noviembre Mónica Citlalli Díaz salió de su casa en una populosa localidad a las afueras de la capital mexicana para dirigirse a la escuela donde impartía clases de inglés. No llegó al trabajo. Su ausencia alertó de inmediato a su familia y colegas que empapelaron las paredes de la...
“Hemos señalado que la militarización es preocupante para las violaciones a derechos humanos porque no es una política efectiva de seguridad y porque desbalancea las relaciones cívico-militares”, dijo Aguirre, y añadió que, además, se ha demostrado que el Ejército no es una institución fiable.
Arturo Zaldívar, se ha convertido en una de las figuras públicas más visibles de México, no solo gracias a su popularidad en Tik Tok, sino también al haber capitaneado decisiones históricas para el país como declarar inconstitucional la criminalización del aborto y la marihuana.
En México se sitúan en estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Jalisco, donde hay una fuerte actividad de la delincuencia organizada pero también en lugares como Chiapas o Oaxaca, donde la presencia de grupos armados se une con problemas comunitarios de décadas.
Casi dos meses después del asesinato de dos jesuitas mexicanos en la localidad norteña de Cerocahui el miedo impera en el remoto poblado enclavado en la sierra Tarahumara, dominado por criminales y traficantes de droga y que otros religiosos se niegan a abandonar.
La Guardia Nacional de México, creada en 2019 como una fuerza bajo mando civil, se transferiría completamente a la autoridad de los militares del país, de acuerdo con una reforma legislativa presentada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
La alarma que han generado estos crímenes ha impelido a los organismos internacionales políticos y de derechos humanos a condenar esta violencia y pedir al Gobierno que ponga cartas en el asunto. Fue el caso del Parlamento Europeo o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, medidas urgentes contra la violencia creciente que sufren los medios de comunicación en el país tras el asesinato de cuatro trabajadores de Mega Radio Networks en Ciudad Juárez.
Las autoridades mexicanas concluyeron el sábado una nueva autopsia al cuerpo de una joven que fue hallada muerta en abril en la cisterna de un motel en el norte de México. Con la nueva evaluación se busca esclarecer un caso que desató una intensa polémica.
José Noriel Portillo Gil, conocido en el pueblo de Urique como “El Chueco”, ingresó al mediodía del lunes 20 de junio a la parroquia jesuita de Cerocahui mientras perseguía a Pedro Palma, quien trabajaba como guía turístico en la Sierra Tarahumara, al suroeste del estado mexicano de Chihuahua.
Rectores de universidades jesuitas criticaron la incapacidad del gobierno para arrebatar el control a los delincuentes, y uno de ellos calificó a México de “un estado fallido” en el que prevalece “la ley de la selva”. El gobierno ha fracasado en la tarea de detener la creciente violencia.
Los obispos recordaron al día siguiente esa primera frase del pontífice mientras López Obrador utilizó la segunda. “Me pareció equilibrado el mensaje del papa”, dijo. “Esta gente, estos conservadores no hubiesen querido eso, que el papa dijera (que) la violencia lo que produce es más sufrimiento”.
