El exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014, tiene desde el jueves un poco más cerca la posibilidad de seguir sus procesos penales en su casa.
En los años posteriores a la detención en 2016 del capo del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, una sangrienta lucha de poder entre los hijos de Guzmán y su socio de negocios de toda la vida ha desatado una violencia brutal en todo México.
En otro caso que implica a militares, el Centro Prodh también elogió la condena a 90 años de cárcel a cinco uniformados por el asesinato de estudiantes hace 13 años. “Saludamos el paso hacia la justicia.. que muestra los riesgos de la militarización”, señaló el Centro Prodh el miércoles.
Los pueblos originarios han advertido este año un clima de “guerra civil” en Chiapas por los conflictos armados, que han desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Son las ocho de la noche de un domingo y Crystal P. Lira no atiende los mensajes. Su atención está puesta en la mujer que acudió a su organización pidiendo un espacio seguro para abortar.
Durante su sexenio que culmina el próximo año, el mandatario mexicano ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como un tren en el sur del país y varios aeropuertos, así como la gestión de las aduanas y trenes, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, busca este jueves en México soluciones al tráfico de fentanilo y la migración ilegal, en medio de la sorpresiva decisión de Washington de ampliar el muro fronterizo.
Los expertos indicaron que su labor de investigación fue fundamental para demostrar la llamada “verdad histórica”, que se utilizó en el anterior sexenio para alegar que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.
La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, quiere que México extradite a más narcotraficantes y desmantele más laboratorios clandestinos de fentanilo, un potente opioide sintético que ha provocado cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
La estimación de 175,000 “miembros activos de cárteles” en México a finales de 2022 incluye tanto empleados a tiempo completo como ocasionales, dijo Prieto-Curiel. Entre sus filas se encuentran campesinos que cultivan amapolas, pistoleros que vigilan laboratorios de metanfetamina y fentanilo.
Se calcula que el año pasado ocurrieron alrededor de 109.680 muertes por sobredosis en Estados Unidos, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Unas 75,000 de ellas estuvieron vinculadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos.
La movilización culminó en el Zócalo, la plaza central de la capital, donde un grupo de manifestantes, con los rostros cubiertos, golpeó y lanzó objetos contundentes hacia las vallas de metal que protegían el Palacio Nacional, que estaba custodiado por las fuerzas de seguridad.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que delincuentes han matado a dos trabajadores que estaban llevando a cabo una encuesta interna para el partido político Morena, al que pertenece el mandatario, en el sur de México.
Como una muestra de cooperación, el Gobierno mexicano avaló el 15 de septiembre la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, donde está acusado de liderar el Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.
“Hoy en este mismo día y mes y la misma fecha salimos huyendo de nuestras comunidades para salvar nuestras vidas en medio de las montañas, salimos caminando con nuestros hijos con los brazos cruzados”, dijo a EFE Marcelina Ruiz Pérez, vocera de los desplazados.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desestimó el viernes la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de frenar fondos por 60 millones de dólares para proyectos para el combate al tráfico de fentanilo y atribuyó la medida a motivos políticos.
“Lo anterior puede corroborarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en donde se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones”, comentó García Harfuch.
Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes, lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia”. El mandatario reclamó además que se use un hecho “tan lamentable” como el caso Ayotzinapa “con fines politiqueros”.
"Decirle a la población de Zacatecas, de Nuevo León, que estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y vamos a seguir combatiendo a la delincuencia, y garantizando la paz, y la tranquilidad, que es nuestra responsabilidad", sostuvo el gobernante mexicano.
Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
