En un comunicado emitido el lunes, Biden dijo que el nuevo límite “borra la cifra históricamente baja establecida por la administración previa”, y añadió que el tope establecido por Trump “no reflejaba los valores de Estados Unidos como una nación que le da la bienvenida y apoya a los refugiados”.
Los padres regresarán a Estados Unidos en libertad condicional humanitaria mientras las autoridades consideran otras formas de estatus legal a más largo plazo, dijo Michelle Brane, directora ejecutiva del Grupo de Reunificación Familiar del gobierno. Los niños ya están en Estados Unidos.
"Somos extranjeros, pero no somos ilegales, estamos sin papeles, sin documentos, pero estamos haciendo un viaje, yo no puedo decir ilegal, es un viaje legal porque cuando se está con una vida muy difícil, uno tiene que buscar una vida mejor, porque se deja una familia atrás", enfatizó.
Para ella, "lo que Biden dijo esta semana no fue suficiente" y agregó que aunque habló de los "dreamers" (soñadores), inmigrantes que entraron en el país siendo menores, "no dio detalles sobre qué va a pasar con el resto de personas que ya están en el país o que están tratando de entrar".
La atención ha estado focalizada en Centroamérica y México. La migración de miles de personas hacia la frontera estadounidense se ha convertido en una “vulnerabilidad política”, dicen los expertos, y enfrentarla pasa por intentar contenerla en los lugares de origen.
Los activistas aseguran que hay mucho por hacer por parte del Departamento de Trabajo para proteger a los trabajadores inmigrantes, incluidos los millones de campesinos indocumentados y empleados esenciales que se desempeñan en condiciones laborales que ya son peligrosas.
Una coalición de grupos promotores de los derechos de los inmigrantes anunció una campaña de 50 millones de dólares para apoyar al presidente Joe Biden en materia de inmigración y presionar a los legisladores de ambos partidos para que aprueben un camino hacia la ciudadanía.
El presidente Joe Biden nominó a Ed Gonzalez, jefe de policía del condado texano de Harris, para dirigir la agencia que deporta a personas que están sin permiso en el país, seleccionando a un experimentado funcionario policial que criticó duramente las políticas de inmigración de Donald Trump.
La ayuda humanitaria incluye 125 millones de dólares para hacer frente a las sequías, la escasez de alimentos y la pandemia de COVID-19, junto con 104 millones del Departamento de Estado para ayudar con la seguridad y protección de los refugiados y solicitantes de asilo.
Las prioridades en este aspecto son similares a las del gobierno del presidente Barack Obama pero menos estrictas que las de Trump, cuyo gobierno pretendía arrestar y deportar a quien estuviera sin permiso en el país, sin importar sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad.
En un principio, los niños son llevados a instalaciones fronterizas que no están equipadas para albergarlos por largos periodos. Posteriormente, son trasladados a refugios más grandes mientras los trabajadores sociales evalúan qué familiares son adecuados para acogerlos.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo el martes que enviará 250 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera del estado con México en medio de un aumento en la llegada de migrantes.
El año pasado, el presidente Donald Trump autorizó 35,000 visas H-2B adicionales por encima del límite anual, pero tres meses después detuvo el programa junto con otros programas de trabajadores extranjeros bajo una orden ejecutiva de gran alcance. Biden dejó que la orden expirara.
El expresidente estadounidense George W. Bush dijo que el Partido Republicano se ha vuelto “aislacionista, proteccionista y, hasta cierto punto, nativista”, y agregó que se siente especialmente preocupado por la retórica anti-inmigrante.
Psaki ha negado también que la Casa Blanca haya dado marcha atrás en este asunto. EE UU es “un país que da la bienvenida” a los que escapan de conflictos y la Administración actual está haciendo todo lo posible “por cambiar las políticas del Gobierno anterior”, apuntó Psaki.
El caso que aborda el tribunal involucra a una pareja originaria de El Salvador que ha estado en el país desde finales de la década de 1990. En 2001, Estados Unidos concedió a los inmigrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país tras una serie de terremotos en su país.
"También tenemos convenio con ellos para las visas para los trabajadores del campo agrícola y los de la construcción. El año pasado a duras penas se fueron 3,400 trabajadores regulares, en un mercado que está pidiendo a gritos que la gente trabaje en el campo", indicó Giammattei.
El expresidente de Estados Unidos George W. Bush (2001-2009) dijo que de lo que más se arrepiente de su mandato es de no haber sido capaz de haber reformado el sistema migratorio del país, en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CBS.
Las razones por que los hondureños continúan huyendo de su país están bien documentadas: Violencia generalizada, corrupción enraizada, falta de empleos y gran destrucción tras el paso de poderosos huracanes que azotaron la región en noviembre del año pasado.
La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró este sábado que es imposible que el Congreso de Estados Unidos apruebe alguna medida migratoria mientras se mantenga la situación en la frontera, donde llegan cada mes decenas de miles de migrantes.
