El gobierno de Estados Unidos interpuso el miércoles una demanda en contra del gobernador de Arizona, Doug Ducey, y del estado debido a la colocación de contenedores de carga como barrera en la frontera con México, asegurando que están invadiendo tierras federales.
Migrantes en el norte de México, en su mayoría de origen venezolano, subsisten de la venta de alimentos a otros indocumentados mientras hacen fila en espera de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y el próximo fin del Título 42.
La mayoría estaban conformados por venezolanos, una nacionalidad difícil de retornar a su país, tanto desde México —que solo puede hacerlo con acuerdos puntuales con Caracas— como desde Estados Unidos —que no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro
En su desesperación, varios de los migrantes nicaragüenses apelaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que los ayudara. "Él es el único presidente que nos va a ayudar, sabemos que nos abrirá la puerta", dijo otro migrante nicaragüense que no se identificó por temor a su seguridad.
Equipos de trabajo han colocado cientos de contenedores cubiertos por alambre de púas a lo largo de la remota frontera oriental de Arizona con México, en una osada demostración de protección fronteriza por parte del gobernador republicano Doug Ducey, incluso cuando se prepara para dejar el cargo.
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que apelará un fallo judicial que levantaría las restricciones al asilo que se han convertido en una pieza fundamental de la vigilancia fronteriza en los últimos años.
“La decisión del gobierno de Biden de apelar no es sorprendente dada su enérgica defensa de la política en los últimos dos años”, señaló en un correo electrónico Lee Gelernt, abogado para la Unión Americana de Libertades Civiles y principal abogado del litigio de la organización contra el Título 42
Las deportaciones hacia Haití parecen haber disminuido a medida que las condiciones se han deteriorado en el país caribeño. Witness at the Border, un grupo que lleva registro de las deportaciones, señaló el lunes que el gobierno no ha realizado vuelos de deportación a Haití desde el 6 de septiembre
La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.
Las autoridades trasladaron a los migrantes a la estación migratoria Siglo 21 para invitarlos a tramitar su Forma Migratoria Múltiple (FMM), un documento con el que pueden permanecer de forma legal en el estado de Chiapas, pero que les impide transitar a otros estados.
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.
El objetivo, dijeron las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), es poder regularizar la estancia de los indocumentados en México y entregarles sus documentos migratorios, por lo que, desde esta tarde, han empezado a llegar decenas de extranjeros a solicitar información.
De acuerdo con las autoridades migratorias de Guatemala, la política "anticovid" que activó el expresidente Donald Trump en las fronteras, que les permite la expulsión inmediata de aquellos que intenten ingresar al país sin visa se aplicó a 31,000 guatemaltecos este año.
Estados Unidos conversa con México y otras naciones para facilitar el retorno de venezolanos a su país una vez que concluya el Título 42, una orden de la era COVID-19 usada para expulsar a cientos de miles de migrantes, dijo el martes un funcionario del país norteamericano.
El subsecretario no ofreció detalles sobre los nuevos planes para procesar a los solicitantes de asilo en la frontera pero garantizó que el plan “aprovecha todos los recursos del gobierno” y agregó que conlleva trabajo conjunto con México para luchar contra los traficantes.
Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
Un grupo de más de 350 migrantes abandonados es descubierto en un campamento clandestino en una zona montañosa del sur de México donde esperaban para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entre los indocumentados había niños y mujeres y al menos siete nacionalidades de América Latina.
"Este periodo de transición es crítico para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda continuar su misión de mantener la frontera segura y llevar a cabo las operaciones fronterizas de manera ordenada", escribió el juez en la orden.
Las autoridades de seguridad y migración de México han reforzado sus patrullas, puntos de revisión y operativos en el sur del país desde que Estados Unidos comenzó a expulsar a migrantes venezolanos el mes pasado.
“El anhelo que todos tenemos es pasar, el frío es bastante fuerte y nos toca aguantar. Cuando uno sale de su casa se arriesga a lo que sea para un mejor futuro de sus hijos. Yo no voy a cruzar hasta que sea algo oficial, mi familia y yo tenemos la fe en que Dios no nos va a desamparar", dijo.
