“La decisión del gobierno de Biden de apelar no es sorprendente dada su enérgica defensa de la política en los últimos dos años”, señaló en un correo electrónico Lee Gelernt, abogado para la Unión Americana de Libertades Civiles y principal abogado del litigio de la organización contra el Título 42
Las deportaciones hacia Haití parecen haber disminuido a medida que las condiciones se han deteriorado en el país caribeño. Witness at the Border, un grupo que lleva registro de las deportaciones, señaló el lunes que el gobierno no ha realizado vuelos de deportación a Haití desde el 6 de septiembre
La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.
De acuerdo con las autoridades migratorias de Guatemala, la política "anticovid" que activó el expresidente Donald Trump en las fronteras, que les permite la expulsión inmediata de aquellos que intenten ingresar al país sin visa se aplicó a 31,000 guatemaltecos este año.
Estados Unidos conversa con México y otras naciones para facilitar el retorno de venezolanos a su país una vez que concluya el Título 42, una orden de la era COVID-19 usada para expulsar a cientos de miles de migrantes, dijo el martes un funcionario del país norteamericano.
El subsecretario no ofreció detalles sobre los nuevos planes para procesar a los solicitantes de asilo en la frontera pero garantizó que el plan “aprovecha todos los recursos del gobierno” y agregó que conlleva trabajo conjunto con México para luchar contra los traficantes.
Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
"Este periodo de transición es crítico para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda continuar su misión de mantener la frontera segura y llevar a cabo las operaciones fronterizas de manera ordenada", escribió el juez en la orden.
“El anhelo que todos tenemos es pasar, el frío es bastante fuerte y nos toca aguantar. Cuando uno sale de su casa se arriesga a lo que sea para un mejor futuro de sus hijos. Yo no voy a cruzar hasta que sea algo oficial, mi familia y yo tenemos la fe en que Dios no nos va a desamparar", dijo.
Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
Grupos defensores de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.
La directriz debería brindar acceso a la atención médica para las jóvenes migrantes que llegan al país sin compañía de un adulto y que en muchos casos están huyendo de la violencia, incluyendo agresiones sexuales, declaró la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés).
Activistas a favor de los inmigrantes llevan años pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses.
La esperanza se asoma en la frontera con Estados Unidos tras una semana del anuncio del Gobierno mexicano de dar por terminado el programa “Quédate en México”, con lo que activistas esperan un alivio para los albergues y migrantes confían en resolver sus procesos de asilo.
Los problemas judiciales no terminan aún para el expresidente, que tiene otros dos frentes abiertos en torno a las cuentas de su empresa: una demanda por fraude fiscal con la Fiscalía de Manhattan y a otra por exagerar los activos, abierta por la Fiscalía de Nueva York.
Sin embargo, días atrás ambos gobiernos anunciaron un nuevo plan fronterizo que, entre otras cosas, permite que algunos migrantes venezolanos ingresen temporalmente a territorio mexicano bajo el Título 42, un programa que permite a autoridades estadounidenses enviar a México a migrantes.
El Gobierno de EE. UU. ha tomado además varias medidas en los últimos meses para avanzar en la normalización de la cuestión migratoria, como el incremento paulatino de sus servicios consulares en la isla y el restablecimiento de un programa de reunificación familiar, suspendido desde 2017.
Un aumento en la migración de Venezuela, Cuba y Nicaragua en septiembre elevó el número de cruces no autorizados en la frontera al nivel más alto que se haya registrado en un año fiscal, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
A las puertas de un albergue que opera en la capital mexicana, el mecánico venezolano José Cuicas aguarda ansioso la respuesta de un amigo estadounidense que lo patrocinará para optar por una de las 24,0000 visas humanitarias que el gobierno de Joe Biden anunció que entregará a venezolanos.
