Una niña de 7 años cuyo brutal asesinato ha generado una enorme indignación a nivel nacional, fue enterrada el martes mientras las autoridades de la Ciudad de México se comprometieron a imponer medidas más estrictas para la salida de los niños en escuelas públicas.
Con picos y palas, cientos de mexicanos iniciarán el lunes una nueva búsqueda de desaparecidos en el estado Veracruz, ubicado en el sureste del país y uno de los epicentros de este drama, en el mayor operativo de este tipo realizado hasta la fecha, según los organizadores.
La “productiva” visita del canciller ruso a México confirma las buenas relaciones entre ambos países, que se concretarán en medidas económicas y sociales a lo largo del año.
Corría solo. Así era como Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014, lidiaba con su dolor en un parque de Brooklyn.
La abuela materna del autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, fue asesinada a balazos cuando él tenía tres años. Su padre fue condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos por tráfico de anfetaminas. Su madre murió durante una cirugía cuando él tenía cinco años.
El presidente ha repetido esta mañana ante los sonorenses que confía en su nueva política, que consiste en centrarse en el origen de la violencia para actuar en ese nivel. Cree que de esta forma se conseguirá serenar al país. “El ser humano, el mexicano, el sonorense no es malo por naturaleza.
El gobierno mexicano y los padres de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 anunciaron este jueves la reinstalación del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un nuevo intento por encontrar el paradero de los jóvenes.
Un estudiante de 11 años ha sembrado el pánico esta mañana en un colegio de Torreón, en el Estado mexicano de Coahuila, en el norte de México. El menor, según el relato de las autoridades, entró con dos armas al colegio Miguel de Cervantes y disparó contra sus compañeros.
Los expertos que retomarán las investigaciones son los abogados Ángela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Cox, así como el médico Carlos Beristain, de acuerdo con el Centro Prodh, que ha acompañado el caso.
A dos meses de la matanza de Tepochica, el actuar del Ejército mexicano sigue envuelto en dudas. El 15 de octubre, un convoy militar se enfrentó a balazos a un grupo de presuntos criminales en una pequeña comunidad del Estado de Guerrero, matando a 14. Un cabo murió también.
México tiene previsto enviar en enero a la Universidad de Innsbruck, en Austria, restos localizados en Guerrero, al sur del país, para ver si están relacionados o no con el caso de los 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa desaparecidos en ese estado en septiembre de 2014.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Sria. de Gobernación reconoce que el Gobierno no ha obtenido los resultados esperados en materia de seguridad. "Heredamos una crisis humanitaria que llegó a cifras alarmantes, como todo el tema vinculado a la desaparición y no identificación de personas.
Un año más tarde, la situación es sin embargo igual o peor. Los programas sociales de López Obrador funcionan desde hace meses, igual que la Guardia Nacional, pero los resultados no llegan. Y lo que es más preocupante, el aparato de seguridad demuestra una falta de coordinación alarmante.
La política se ha colado en uno de los temas que más unidad deberían lograr en México, la paz. El debate sobre la pacificación del país en el momento más violento de su historia ha entrado en el territorio de la crispación, que guía buena parte de la discusión pública.
El gobierno mexicano identificó a la banda de narcotráfico La Línea como el presunto responsable de la masacre contra miembros de la familia LeBarón, donde murieron tres mujeres y seis menores de edad.
El Ejército y la Marina de México han sido la columna vertebral en 13 años de la lucha contra el crimen lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006, pero ahora la moral militar está por los suelos y el gobierno intenta levantarle los ánimos.
Los acontecimientos en Sinaloa, Michoacán y Guerrero esta semana, incluida una fallida operación para arrestar a un hijo del legendario capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, han generado serias dudas sobre la efectividad de su nueva estrategia de seguridad.
El incidente ocurrido el jueves en torno al arresto de Ovidio Guzmán fue una escalada raramente vista en la larga guerra contra los cárteles del narcotráfico y aumentó la presión sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre prometiendo pacificar el país.
El reciente enfrentamiento entre un grupo de militares mexicanos y presuntos criminales, que dejó un saldo de un oficial y 14 civiles muertos, ha sembrado dudas sobre si las fuerzas de seguridad incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza letal, como ha ocurrido en el pasado.
Un tribunal ha ordenado detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, en México, en junio de 2014. La Fiscalía acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión.
