El Gobierno de López Obrador presumió sus políticas contra la inseguridad. Los bloqueos carreteros, incendios a locales y asesinato de civiles inocentes al azar en cinco Estados del país obligaron a las autoridades a dar explicaciones sobre la capacidad del narco de poner en jaque a la ciudadanía.
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
Artículo 19 mencionó que Ciudad de México sigue siendo la región con más ataques, seguido del suroriental estado Yucatán y el occidental Michoacán. La mayoría de los casos fueron intimidación y hostigamiento, en segundo lugar amenazas y en tercero el uso ilegítimo del poder público.
La alarma que han generado estos crímenes ha impelido a los organismos internacionales políticos y de derechos humanos a condenar esta violencia y pedir al Gobierno que ponga cartas en el asunto. Fue el caso del Parlamento Europeo o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, medidas urgentes contra la violencia creciente que sufren los medios de comunicación en el país tras el asesinato de cuatro trabajadores de Mega Radio Networks en Ciudad Juárez.
“La intención jamás es revictimizar o criminalizar a nadie”, dijo Méndez Ruiz. “La persona que está detenida también tiene derechos”. El 6 de mayo, Padilla había solicitado una orden de alejamiento contra un vecino, que creía que estaba detrás de las amenazas.
Cuando Rafael Caro Quintero, que fuera un capo mexicano de la droga en la década de 1980, fue detenido en México esta semana, la noticia reavivó viejos y terribles recuerdos para Lannie Walker, hija del escritor estadounidense John Clay Walker.
La Iglesia católica inició el domingo una ronda especial de oraciones por la paz en México tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas perpetrados el 20 de junio.
Un juez federal de Dakota del Norte dictaminó que un cártel mexicano del narcotráfico acusado de los asesinatos de nueve mujeres y niños de una comunidad perteneciente a una ramificación mormona debe pagar 1,500 millones de dólares a las familias de las víctimas.
Un grupo de soldados halló a dos hermanos que fueron secuestrados en el norte de México en junio por un jefe de un cártel de narcotraficantes que presuntamente mató después a dos sacerdotes jesuitas y a un guía turístico, indicaron fiscales el jueves.
Las autoridades mexicanas concluyeron el sábado una nueva autopsia al cuerpo de una joven que fue hallada muerta en abril en la cisterna de un motel en el norte de México. Con la nueva evaluación se busca esclarecer un caso que desató una intensa polémica.
De la Cruz, de 47 años, cubría temas agropecuarios y comunitarios pero era también un tuitero muy activo en las redes sociales, a las que había subido señalamientos sobre actos de corrupción que provocaron que las autoridades le pidieran en ocasiones borrar sus publicaciones en Twitter.
José Noriel Portillo Gil, conocido en el pueblo de Urique como “El Chueco”, ingresó al mediodía del lunes 20 de junio a la parroquia jesuita de Cerocahui mientras perseguía a Pedro Palma, quien trabajaba como guía turístico en la Sierra Tarahumara, al suroeste del estado mexicano de Chihuahua.
Mientras tanto, las autoridades siguen buscando al presunto asesino, identificado por un sacerdote superviviente como un conocido líder criminal local que andaba a sus anchas por la zona aunque tenía una orden de aprehensión desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense.
Según la policía de Nuevo León, el ataque tuvo lugar antes del amanecer en una carretera cuando la patrulla policial fue sorprendida por un grupo de criminales que los superaban en número. La fiscalía estatal dijo que entre los muertos hay una mujer.
El último viaje de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora a su querida sierra Tarahumara en el noroeste de México, donde serán enterrados el lunes, fueron casi 400 kilómetros llenos de dolor pero endulzados con incienso, música y danzas de los indígenas rarámuris, a quienes dedicaron su vida.
Rectores de universidades jesuitas criticaron la incapacidad del gobierno para arrebatar el control a los delincuentes, y uno de ellos calificó a México de “un estado fallido” en el que prevalece “la ley de la selva”. El gobierno ha fracasado en la tarea de detener la creciente violencia.
Los obispos recordaron al día siguiente esa primera frase del pontífice mientras López Obrador utilizó la segunda. “Me pareció equilibrado el mensaje del papa”, dijo. “Esta gente, estos conservadores no hubiesen querido eso, que el papa dijera (que) la violencia lo que produce es más sufrimiento”.
Los dos sacerdotes jesuitas y el guía asesinados supuestamente por narcotraficantes en la Sierra Tarahumara de México se suman a una larga lista de activistas, periodistas y simples visitantes que han sido amenazados o perdieron la vida a manos de las bandas delictivas que dominan la región.
Por años José Portillo Gil, alías “El Chueco”, vivió en medio de una rampante impunidad a pesar de tener órdenes de captura por varios crímenes y mantuvo sometidos a los miles de habitantes de la sierra de Tarahumara, muchos de ellos indígenas, mientras se paseaba tranquilamente por las calles...
