El presidente chileno Sebastián Piñera envió el jueves al Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la electricidad, que forma parte de un paquete de medidas con el que busca frenar el estallido social que lleva una semana y que ha dejado al menos 18 muertos.
La clase política chilena enfrenta uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990 tras el estallido social del pasado jueves, desencadenado por el aumento del precio del metro y alimentado por un más amplio malestar social.
Desde hace tres días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al presidente Sebastián Piñera a anular la medida.
Miles de manifestantes salían el lunes nuevamente a las calles en Chile, que trataba de sobreponerse a las violentas protestas del fin de semana que dejaron 11 muertos y que el presidente Sebastián Piñera atribuyó a “un enemigo poderoso”.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Comprendo que tienen buenas razones para hacerlo, pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de los que han destruido, incendiado o dañado más 78 estaciones del Metro de Santiago”, indicó Piñera.
“No es posible que España sea el paraíso de los testaferros de Maduro”, dijo Borges a periodistas. “No es posible que Europa sea el santuario donde se esconden los familiares de quienes nos torturan, nos roban”, agregó.
La Unión Europea sancionó el viernes a siete miembros de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela, bajo sospecha de que están implicados en torturas y otras violaciones de derechos humanos.
El apoyo de La Moneda a un eventual uso de la fuerza en Venezuela ha suscitado críticas en la oposición chilena. "Esa decisión nos avergüenza", ha llegado a decir el actual senador y ex ministro de Exteriores, José Miguel Insulza, según informa el diario local 'La Tercera'.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que este mes recibió ataques personales del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dijo que siente pena por Brasil, según un una entrevista con un canal de televisión chileno y reproducida parcialmente por un medio local el domingo.
Las dos reuniones precedieron a otra de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un pacto que dice que un ataque armado contra una nación es un ataque contra todas, lo que hizo que algunos especulasen que se podría estar contemplando una acción militar en Venezuela.
El canciller colombiano Carlos Holmes anticipó el lunes una “declaración muy fuerte” sobre Venezuela “que corresponda a la gravedad de la situación” poco antes del inicio de una ofensiva diplomática de numerosos países de las Américas para presionar por cambios en esa nación.
El jefe diplomático de la oposición venezolana, Julio Borges, dijo el lunes que la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump a una reunión sobre Venezuela en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas es una “señal clara” de que aumentará la presión contra el mandatario.
A sólo un día de que se suscitara un sorpresivo acercamiento entre un grupo de partidos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, algunas cosas se sacudían el martes en Venezuela.
La reiterada promesa de liberar presos políticos incluida en el pacto firmado el lunes por un grupo de opositores venezolanos y el Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este martes a usarse con cuentagotas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha defendido este martes en que el acuerdo de diálogo que ha firmado con un grupo de partidos minoritarios de la oposición es "un paso acertado y necesario" que "abre todas las puertas" a unas conversaciones más amplias en pro de la estabilidad del país.
Michelle Bachelet, jefa de derechos humanos de la ONU, negó haber recibido dinero de la constructora OAS para su campaña presidencial en Chile en 2013 como declaró un empresario brasileño investigado en el escándalo Lava Jato.
El escándalo de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS llegó a Chile: un exempresario condenado por corrupción reveló que hizo un aporte por unos 140,000 dólares a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2013.
La oposición de centroizquierda busca reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas semanales pese al férreo rechazo del oficialismo derechista que califica de irresponsable la medida y anticipa la pérdida de más de 300,000 empleos.
Un hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro causó conmoción al cuestionar la democracia en el país más grande de Latinoamérica, que en 1985 salió de una dictadura de dos décadas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó a la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de entrometerse en los asuntos de su país después de que la exmandataria chilena criticó un aumento en la violencia policial y una erosión de la democracia.
